La familia de Chiara Páez, la adolescente que fue asesinada en Rufino y cuyo caso desencadenó hace cinco años la primera marcha por el #NiUnaMenos, aún aguarda que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirme la condena que recibió el novio de la víctima, y espera que avance la investigación por el presunto encubrimiento o participación que tuvieron la madre y el padrastro del joven.
En tanto, el fiscal que investigó el crimen, Mauricio Clavero, que ahora es juez, recordó que el caso de Chiara fue "uno de los hechos más complicados" que le tocó investigar, "sobre todo por compartir el dolor con la familia".
A cinco años del femicidio que motivó la autoconvocatoria conocida como #NiUnamenos, que visibilizó en todo el país el problema de los femicidios, en diálogo con Al Derecho y Al Revés Clavero expresó que todos los 3 de junio recuerdan que esta lucha "vino para quedarse".
Además opinó que desde el 2015 hasta hoy "se podría decir que se está mucho mejor" en el sentido que existen más herramientas legales y se han sancionado leyes".
Sin embargo, todavía falta ya que "los femicidios siguen ocurriendo y los números son escandalosos".
Lo más indignate del caso y que Clavero retiene en su memoria es "la hipocresía de esta gente (en referencia al condenado y a sus familiares)" porque "comieron un asado estando enterrada Chiara" en el fondo de la casa familiar.
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El hecho y el proceso judicial
Chiara Páez, la adolescente de la localidad santafesina de Rufino, desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015 luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio, Manuel Mansilla, que entonces tenía 16.
Ese domingo la familia denunció que no había regresado a su casa y la Policía rastrilló el pueblo junto a los vecinos para encontrarla.
El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla, quien según las pericias la mató a golpes.
La autopsia determinó que Chiara había tomado un antiflamatorio utilizado para abortar, pues cursaba un embarazo de ocho semanas que su madre había aceptado, pero que la familia de su novio no quería que continuara.
Clavero recordó que para la búsqueda de Chiara convocó a la Sección Perros de la Policía de Rosario y que espontáneamente "más de 300 personas se sumaron en las primeras horas de desaparición".
"Se nos hacia la noche y los perros no salían del barrio (donde está la casa donde residía Mansilla), habíamos encontrado a unas siete u ocho cuadras el celular de Chiara destruido y tomé la decisión de ir allí", dijo el entonces fiscal.
"Cuando los móviles policiales paran en la cuadra de la casa de Mansilla –agregó-, es cuando el chico por la presión decide entregarse".
En julio de 2016 el juez de Menores Adrián Godoy encontró a Mansilla "penalmente responsable" del femicidio, pero la pena se estableció un año después, en septiembre de 2017, cuando el condenado alcanzó la mayoría de edad.
El juez Javier Prado le dictó una condena de 21 años y 6 meses de prisión, confirmada el 2 de marzo de 2018 por la Cámara de Apelaciones de Rosario.
La sentencia de Prado sostuvo que Mansilla "mató a Páez despreciando su condición de mujer y conociendo de su embarazo" y agregó que "no mostró un sincero arrepentimiento".
Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del joven envió el expediente a la Corte santafesina, donde desde hace dos años "está a resolución", dijeron a esta agencia voceros del alto tribunal.
Paralelamente al femicidio, el fiscal pidió la detención de Carolina Gallegos, la madre de Mansilla, y de su pareja, Carlos Cerrato, acusados como partícipes, al entender que habían colaborado al menos en el traslado del cuerpo de Chiara desde el galpón donde fue golpeada hasta el lugar del patio donde la enterraron.
"La Cámara de Venado Tuerto determinó que la figura que encuadraba con esas conductas era la de encubrimiento", explicó Clavero, y dijo que por aplicación de la figura de la "excusa absolutoria" los familiares no pueden ser castigados por ello.
Ambos fueron liberados poco tiempo después del crimen pero la causa no se cerró, a la espera de nuevas pruebas que pudieran modificar el destino del proceso.
"A veces, las cuestiones que se disponen en la ley están muy lejos de lo que la ciudadanía está pasando", expresó.