Mientras se siguen quemando hectáreas de islas en Victoria, el Estado entrerriano busca alternativas para lograr el compromiso de los propietarios en la lucha contra los incendios que ya incluyó denuncias penales y contravencionales, el empleo de fuerzas interprovinciales y federales y un millonario gasto diario para el Estado.
En diálogo con el programa El Cuarto Poder, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, adelantó que esta semana fue convocado “el conjunto de propietarios (de islas), en especial, los que viven más cerca del puente Rosario-Victoria”.
El funcionario, quien lleva 12 años al frente de la Fiscalía de Estado, dijo no recordar incendios de la magnitud de los ocurridos este año y tampoco que ningún gobernador haya impulsado acciones penales como lo hizo recientemente Gustavo Bordet.
Causas
Para Rodríguez Signes, los incendios de este 2020 tienen causas concurrentes: “Hubo una quema intencional al principio por parte de personas que practican allí la ganadería y aprovecharon la bajante del río para quemar pastizales y recuperar pasturas. A partir de allí hubo acciones preventivas con los recursos que tiene la provincia y con los problemas enormes de accesos y finalmente las acciones de tipo penal o contravencional que está buscando la sanción de los autores de los hechos”, enumeró.
Sobre las acciones preventivas, la provincia de Entre Ríos está disponiendo de una serie de instrumentos: la policía de Entre Ríos, Defensa Civil, y pidiendo ayuda a la Nación porque es “una zona de acceso casi imposible”.
“Acceder a esa zona no es simple, solo por helicóptero y a caballo. Con aviones hidrantes se puede llegar” pero la capacidad es poca para combatir los incendios, indicó el funcionario entrerriano.
Denuncia
Bordet presentó una denuncia penal en la justicia federal y otra de tipo contravencional porque –dijo Rodríguez Signes- está prohibida la quema de pastizales en Entre Ríos”.
También admitió que “están identificados los dueños” de las islas pero hay dos situaciones: terrenos privados y otros públicos. El fiscal estimó que hay 1 millón de hectáreas de las cuales sólo 300 mil pertenecen al Estado, producto del “despojo” que tuvo Entre Ríos en los últimos 40 años, con ventas irregulares de terrenos.
“Hace 40 años que en la provincia hubo ventas irregulares del gobierno de facto y se utilizó mucho la figura de usucapión, donde la provincia quedaba indefensa y perdió miles de hectáreas. Recién en 2011-2012 obtuvimos un fallo de la Corte donde se estableció que las islas son de dominio público”, recordó.