El concejal de UCR-Juntos por el Cambio, Carlos Suárez, presentó varios proyectos, a través de los cuales pidió al Municipio que refuerce los controles de protocolos contra el covid-19 en el transporte público, los locales gastronómicos, los comercios y los espacios públicos.
Por otro lado, solicitó el decomiso de todos los elementos utilizados en las fiestas clandestinas, y el incremento de las multas a los propietarios de los locales o domicilios donde se realicen.
Con respecto al refuerzo de los controles del transporte por colectivos, requieren que se realicen en paradas aleatorias y horarios pico; que se controle la capacidad y distancia entre mesas de comensales en locales gastronómicos; el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en los locales comerciales; el cumplimiento de los protocolos sanitarios en taxis, remises y transportes escolares; y del uso del barbijo en lugares públicos de masiva concurrencia como la Costanera o la Peatonal.
“El objetivo principal de estas medidas es cuidar las clases presenciales. Pero también, es cuidar a los sectores productivos de la ciudad que mayormente cumplen con todos los protocolos y se ven perjudicados por quienes no lo hacen y provocan el aumento de casos positivos de covid-19 y la saturación del sistema de salud”, afirmó Carlos Suárez.
Acerca de las fiestas clandestinas, el concejal presentó un proyecto de ordenanza para endurecer las sanciones en las mismas. “Son fiestas y eventos que se realizan sin autorización y sobre todo en el medio de la Emergencia Sanitaria y una pandemia. Esto requiere que las sanciones sean severas para quienes organizan estos encuentros y ponen en riesgo la salud de los santafesinos”, indicó el edil. En este sentido, Carlos Suárez pidió que se decomisen aquellos elementos utilizados para la realización de la actividad prohibida como equipos de sonido, heladeras, mobiliario, entre otros.
Además. cuando el decomiso implique elementos o infraestructuras pertenecientes a un comercio habilitado, se podrá inhabilitar el mismo hasta por 180 días. En tanto, a los organizadores se les multará con una pena económica equivalente al 50% del valor de la Tasa General de Inmueble calculada durante un año.