El viernes por la tarde, oficiales de la Justicia Provincial realizaron allanamientos en las sedes del Ministerio de Seguridad de las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Los allanamientos se realizaron en el marco de una causa llevada adelante por el fiscal Hernández, donde se investiga a funcionarios de Seguridad por el presunto intento por favorecer a una firma con la compra de armas y por el uso indebido de recursos vinculado a la producción de información de personas por fuera de causas judiciales.
La investigación en curso alcanza a funcionarios designados por Marcelo Sain.
Lucila De Ponti, diputada provincial e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados manifestó por LT10 que la preocupación y prioridad que tienen es la "de fortalecer las política vinculadas al Ministerio de Seguridad y las aristas desde las cuales se puede contribuir a mejorar la crítica situación de violencia e inseguridad que viene atravesando Santa Fe hace más de una década".
Sobre la polémica desatada desde el viernes, afirmó que la postura del oficialismo es esperar "que la Justicia realice su trabajo y pueda arribar a una investigación cuyo resultado, con pruebas, pueda decir si algo sucedió o no".
"Al día de hoy tenemos supuestos o trascendidos sobre los que no quiero expresarme porque no son una resolución oficial del MPA ni hay designado un juez" agregó De Ponti que prefiere "ser prudente" y "esperar que la Justicia haga su trabajo".
Sobre las renuncias, la diputada las desvinculó de este conflicto, y expresó que "tienen que ver con reacomodamientos en el Ministerio que vienen del cambio de ministro y fueron presentadas con anterioridad a la fecha del viernes, destinados a mejorar la eficiencia del Ministerio de Seguridad".
Acerca de que Marcelo Sain sea asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, sostuvo que "hasta el momento no tenía ningún impedimento legal o formal para no trabajar" en el mismo.
Finalmente, descartó la participación del gobernador, Omar Perotti, y aseguró "algo de estas características nunca hubiese sido avalado por el gobernador".