La gratuidad de la educación es uno de los temas que puso en discusión el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien propone la aplicación de un sistema de vouchers que fue implementado en pocos países y con resultados poco satisfactorios en la calidad educativa, además de provocar un elevado nivel de endeudamiento para las familias.
El sistema de vouchers no es una novedad: fue desarrollado en la década del '60 por el economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales autores que sigue el economista libertario, y se implementó en países como Chile, Nicaragua, Suecia y Nueva Zelanda.
En qué consiste este sistema
El Estado entrega a los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar, y con el que se abonarán los gastos del centro educativo donde aquellos eligiesen matricularlo, según su conveniencia particular, durante un periodo determinado por año escolar o semestre.
Para Milei, "con el mecanismo de vouchers se crea competencia, entonces aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mayor afluencia de alumnos" y "las instituciones que quiebren van a quedar en manos de las que queden en expansión, y es un círculo que genera mejor calidad educativa".
Es que para el candidato libertario "la educación puede ser de gestión estatal o privada pero nada es gratis, alguien lo tiene que pagar".
LLA estableció en su programa de gobierno que "el modelo del subsidio a la oferta no ha funcionado, ya que la mayoría de los argentinos quieren huir del sistema público hacia el sistema privado", por lo que las escuelas públicas "funcionan más como comedores que como centro de formación".
Según el relevamiento del Indec de 2021, en el país hay más de 11 millones de estudiantes, de los cuales más de 8 millones asisten a la educación pública, mientras que 3 millones acuden a la privada.
Qué dicen los especialistas
Un estudio de la fundación Argentinos por la Educación reveló que, entre 2018 y 2022, más de 120 mil alumnos abandonaron la educación privada para asistir a la pública.
Milei destacó en varias entrevistas el uso de este sistema en Chile, que fue implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet en la década del '80.
Recaredo Gálvez, especialista en educación de la Fundación Sol de Chile, indicó en diálogo con Télam que el modelo de vouchers "afectó a las instituciones públicas menos conocidas porque tienen menos posibilidades de acceder a mejores financiamientos, y esto hace que también disminuya su matrícula y al mismo tiempo disminuya la posibilidad de que puedan posicionar sus investigaciones o de que puedan tener mayor calidad educativa y mayor infraestructura".
El investigador destacó que el sistema de vouchers "no logró garantizar calidad" y relató que "en Chile, el 40% de los niños tienen problemas de lectoescritura, que con la pandemia se agudizó y eso lo demuestran los indicadores evaluados en los exámenes PISA".
El especialista comentó que en el país trasandino "también hay un nivel alto de morosidad en términos de los pagos de crédito para estudiar, hoy en día ya estamos hablando de más de 700.000 personas que tienen alguna deuda educativa".
Gálvez afirmó que la implementación del voucher generó un "beneficio para la banca privada porque sus fondos siempre terminan siendo garantizados por el Estado".
"Este sistema de vouchers logró demostrar que no fue del todo sostenible, generó alta conflictividad social, no mejoró la calidad de la educación, ni de las instituciones públicas, ni la empleabilidad, ni mejoró los salarios de los docentes", consignó.
Por su parte, el especialista en Economía y Financiamiento de la Educación, Alejandro Morduchowicz, explicó en sus redes sociales la implementación del sistema de vouchers en Nicaragua a comienzos de la década del '90.
En ese país, el sistema generó una crisis en la educación y por eso muchas instituciones "trataron de atraer alumnos más acomodados que pudiesen aportar dinero para contar con un financiamiento adicional", por lo que "proliferaron los aportes voluntarios".
Según el especialista, esto generó "una caída en la tasa de escolarización" porque "las familias más pobres no podían afrontar los pagos adicionales", lo que provocó que en 2007 se estableciera la gratuidad escolar.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) criticó la propuesta impulsada por Milei porque "representa, no solo, un modelo que ya tuvo un rotundo fracaso en sus variadas versiones implementadas por distintos países del mundo desde los años '90, sino también por el carácter antidemocrático, mercantilista y racista que subyace en dicho modelo educativo".
La organización remarcó que este modelo generaría más "privatización, segregación, exclusión y discriminación, limitando las posibilidades de diseñar políticas socioeducativas nacionales y jurisdiccionales para la inclusión y la ampliación de derechos, especialmente para los sectores más excluidos".
Ctera remarcó que la propuesta es "disparatada" debido a que es generará "un sistema estallado, fragmentado y desigual".
A pesar del énfasis de la propuesta de LLA, este sistema no podría implementarse porque la Constitución de 1853 estableció que la educación depende de las provincias y no de los gobiernos, por lo que para poder aplicarlo debería modificarse el Artículo 5° de la carta magna para nacionalizando la educación y quitarle poder a las provincias.