El Gobierno de Javier Milei tiene en sus planes lograr que haya una marcha atrás con la última reforma del impuesto a las ganancias, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para eso, debería lograr la aprobación de una ley del Congreso. Las modificaciones que impulsó meses atrás Sergio Massa, entonces ministro de Economía y candidato a presidente, tienen, en rigor, dos etapas, y su instrumentación se previó con diferentes medidas para cada una de ellas.
Los cambios tendieron a una mejora significativa para el bolsillo de los asalariados de ingresos medios y altos, a la vez que agravaron algunas distorsiones del sistema y redujeron los recursos del Estado en un contexto de desequilibrio fiscal, con un efecto fuerte para las cuentas de las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable, cuya recaudación se reparte entre la Nación y las diferentes jurisdicciones del país.
A partir de la evidencia de los efectos de los cambios, de hecho, los gobernadores comenzaron a pedir que el Estado nacional le quite recursos a la Ansés, usados para las jubilaciones, para dárselos a sus administraciones.
Por un lado, en el período que abarca desde los salarios devengados en octubre (en su mayoría, cobrados en noviembre) y hasta los percibidos en diciembre, rigen modificaciones hechas por decreto que, por la manera en que fueron establecidas, si no resultan ratificadas por el Congreso de la Nación y salvo que haya una decisión política en contrario, representarán una deuda de los asalariados con la Afip, que eventualmente deberían saldar en los próximos meses.
Para los sueldos cobrados a partir de enero de 2024, en tanto, está prevista la vigencia de una ley aprobada a fines de septiembre, votada por los legisladores afines al gobierno anterior y también por el actual presidente, Javier Milei, que ahora buscará revertirla.
La similitud de lo dispuesto en esa normativa con lo vigente ahora es que se prevé continuar con un piso de ingresos, para que un dependiente o un jubilado quede alcanzado por Ganancias, equivalente al salario mínimo, vital y móvil multiplicado por 15. Al valor actual (nada se dijo sobre una eventual actualización de esa variable para el mes próximo) se trata de una remuneración bruta mensual de $2.340.000.
Es decir, mientras que hoy tienen descuento por Ganancias, los empleados con salarios brutos superiores a $1.980.000 (el equivalente al salario mínimo de octubre multiplicado por 15), a partir de lo cobrado el mes próximo y según la letra de la ley 27.725, ese monto sería de $2.340.000. El esquema aprobado tiene, además, varios cambios respecto de cómo funcionó hasta ahora el gravamen; por ejemplo, se dispone que un determinado grupo (al cual se lo define según los cargos ejercidos) siga tributando con el viejo sistema. Y que quienes entren en el nuevo (asalariados en general con un ingreso mayor a la cifra mencionada) ya no puedan hacer deducciones por familiares a cargo o por gastos en determinados rubros, como servicio doméstico, salud o alquileres. El cálculo del impuesto también se prevé con tablas de alícuotas diferentes a las que rigieron hasta ahora.