La causa federal que tiene a ocho efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) acusados de llevar a cabo un allanamiento ilegal y robar entre 12 y 15 kilos de cocaína en un domicilio de la zona oeste de Rosario, en agosto de 2024, tuvo avances en las últimas horas respecto a lo que ocurrió con la droga sustraída.
Ocurre que, a partir del análisis de los celulares de la mayoría de los uniformados –detenidos en octubre–, el Área de Delitos Complejos detectó mensajes de WhatsApp relacionados con maniobras de venta, precios y la necesidad de sacar rápidamente la droga “mejicaneada”.
Por esos chats de WhatsApp, fueron detenidos este jueves en Rosario y la ciudad de Santa Fe la esposa y dos cuñados de un policía involucrado, indicaron fuentes judiciales.
Todo ello derivó en una nueva audiencia imputativa contra siete de los efectivos y los tres nuevos involucrados, por comercio de material estupefaciente. Al momento de resolver, el juez de Garantías Carlos Vera Barros avaló la investigación y dictó prisión preventiva por 90 días, al tiempo que autorizó nuevas medidas de prueba.
El caso involucra a ocho agentes de la PAT, quienes participaron en un allanamiento que fue perpetrado de forma ilegal, con violencia y bajo amenazas, el 13 de agosto último, en una vivienda particular de Forest al 5600. Allí, según la investigación, privaron de la libertad a cinco personas –entre ellas, dos menores de edad– y sustrajeron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos, entre otros elementos.
Para el 2 de octubre siguiente, el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, mandó a detener a los suboficiales Sergio Robledo, Iván Schneider, Guillermo Toledo, Jesús Balais, Gerardo Pérez, Fernando Ferreira y a los oficiales Renzo Michelud y Agustín Martínez.
Con el avance de la investigación, surgió que algunos de los efectivos llevaron varios kilos de cocaína a Santa Fe y desde allí vendieron la droga, según indica la acusación.
Es que, según trascendió, existen mensajes de texto y de WhatsApp donde los policías hacen referencia a la comercialización de la cocaína, los posibles precios y modalidades de la venta, y a la necesidad de que esta fuera realizada de la forma más rápida posible.
De acuerdo con la investigación, la droga y la ganancia posterior habría sido dividida en partes iguales por el personal policial involucrado.
Por caso, según los mensajes, el policía Toledo se quedó con al menos tres paquetes de un kilo de cocaína que se propuso vender por 7 mil dólares cada uno, con la salvedad de que podrían ser 8 mil, si los ladrillos eran vendidos de a medio kilo, por 4 mil dólares.
La esposa de Toledo, Miriam G., y sus cuñados Guillermo y Leonardo también fueron imputados. A la mujer se le atribuyó haber colaborado en el traslado de la cocaína hacia la capital, y a los hombres, la intervención en el fraccionamiento y posterior venta. Los tres fueron detenidos el jueves por personal de la División de Investigaciones Especiales de la PFA en allanamientos en barrio Tablada –Convención al 3500– y la capital de la provincia.
Todo ello fue expuesto este viernes ante el juez Vera Barros por las fiscales Soledad García y María Virginia Sosa, y el fiscal Andrés Montefeltro, quienes sostuvieron que como consecuencia de la venta de droga, los policías obtuvieron un rédito económico de millones de pesos.
A siete de los policías que ya se encuentran detenidos se les imputó el comercio de material estupefaciente, doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas de forma organizada.
Para las restantes personas, el comercio de material estupefaciente se encuentra agravado por la participación de tres o más personas.