El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que presentará una denuncia el próximo lunes contra Karina Andrade, la jueza que estuvo a cargo de la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados, ocurrida el pasado miércoles. La denuncia acusa a Andrade de cometer los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión de la jueza de liberar a todos los detenidos en la madrugada del jueves, horas después de las detenciones durante la protesta frente al Congreso, generó controversia. Según el Gobierno, Andrade actuó de manera arbitraria, basándose en sus opiniones personales y no en la ley.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich acusará a Andrade de dictar resoluciones contrarias a la ley, lo que se considera un acto de prevaricato. El Gobierno entiende que la jueza, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cumplió con sus deberes de funcionario público al liberar a los 114 detenidos de manera apresurada y sin justificar adecuadamente su decisión.