El juez federal de Venado Tuerto y subrogante del Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa, dictó un fallo en el que ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y al Poder Ejecutivo Nacional la reparación integral y tareas de conservación en las rutas nacionales 7, 8 y 33, las cuales atraviesan el departamento General López.
La resolución es el resultado de un recurso de amparo presentado en marzo de 2025 por una senadora provincial, en su doble carácter de legisladora y ciudadana de Venado Tuerto. Si bien inicialmente se dictó una medida cautelar que Vialidad cumplió de forma parcial para devolver la transitabilidad a los corredores, la persistencia del deterioro vial y el incumplimiento de las tareas de mantenimiento derivaron en el dictado de la sentencia definitiva.
"Durante el transcurso de un año y medio hubo una intensa actividad probatoria. Como persistían los incumplimientos, no solo se dio intervención a Vialidad Nacional, sino también a la Dirección de Transporte, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado por la falta de partidas presupuestarias", explicó el magistrado.
Ilegalidad manifiesta y mandato de ejecución
Ante el argumento de la falta de fondos públicos, Cuello Murúa sostuvo que la tutela de los derechos constitucionales y la seguridad vial constituyen una obligación prioritaria del Estado. "Toda la cuestión presupuestaria en materia de derecho es fundamental, pero entendemos que esto es una prioridad que el Estado tiene que atender porque la ley así lo establece. No se trata solo de la transitabilidad de las personas por cuestiones personales, escolares o de salud, sino también de lo que implica para la logística y el desarrollo económico", argumentó.
En su fallo, calificado por la doctrina jurídica como una sentencia declarativa con mandato de ejecución, el magistrado determinó la existencia de una "omisión prolongada" que configura una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta por parte de los organismos nacionales.
Respecto a la ejecución de las obras en el contexto del llamado a concesión de las rutas nacionales, el juez aclaró que el Estado puede cumplir la orden judicial por administración directa o a través de los contratistas. "La ejecución puede hacerse directamente por el Estado a través de Vialidad o cumplirse mediante las concesiones que están en etapa de adjudicación, ya que el Estado como concedente mantiene siempre el poder de policía y la custodia de que se cumplan las obras", precisó.
Asimismo, sobre la omisión en el uso de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos destinados por ley a la infraestructura vial, el magistrado señaló: "Pese a que había asignaciones presupuestarias específicas, esas órdenes nunca se ejecutaron, lo que derivó en la omisión sancionada".
Subrogancia en Santa Fe y amparos de salud
Cuello Murúa, quien además se desempeña actualmente como juez subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, se refirió a la alta carga de trabajo institucional y judicial en la jurisdicción. "El concurso para cubrir la vacante está en marcha en el Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, estamos dispuestos a poner todo el esfuerzo necesario para llevar adelante la tarea", afirmó.
Por último, el magistrado se refirió al marcado incremento de amparos judiciales vinculados a prestaciones de salud frente a PAMI y empresas de medicina prepaga. "Es un problema diario en la justicia federal. Todos los días tramitamos reclamos por coberturas médicas que vienen de la mano de la complejidad de la medicina y las nuevas prácticas", concluyó.