La delegación Santa Fe de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), encabezada por su presidente Mario Galizzi y el abogado Néstor Pujato, formalizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo para frenar el impacto del sobreendeudamiento y las quiebras. Acompañados por representantes del sector cooperativo y respaldados por más de mil firmas ciudadanas, la organización solicitó que el organismo autonómico promueva acciones colectivas e iniciativas legislativas frente a los abusos financieros de bancos y mutuales. El planteo busca brindar respuesta a una crisis de deuda sistémica que afecta tanto a pequeñas empresas como a familias santafesinas.
Durante la presentación, Galizzi alertó sobre la crítica situación económica que atraviesa la provincia y remarcó un preocupante récord en el cierre de unidades productivas. El dirigente precisó que de las 17 quiebras registradas en el territorio provincial, casi diez corresponden a la ciudad de Santa Fe, a la que ubicó entre las cuatro capitales más pobres del país. Asimismo, denunció que la desregulación de las tasas de interés y de los servicios públicos provocó que siete de cada diez familias se encuentren endeudadas, mientras la pérdida del poder adquisitivo salarial se ubica un 20% por debajo de la inflación.
Frente a este escenario, Pujato explicó los alcances de la presentación realizada ante la Defensoría del Pueblo, destacando el rango constitucional de este organismo en Santa Fe para entablar reclamos colectivos y proponer reformas de los códigos procesales. El letrado fundamentó la urgencia de actuar de oficio frente a bancos públicos y privados para frenar los cobros usurarios. A su vez, denunció el uso engañoso de los "códigos de descuento voluntario" sobre los recibos de sueldo, los cuales provocan que muchos trabajadores terminen cobrando cero pesos de manera irregular.
En materia de protección jurídica, el especialista recomendó a la ciudadanía resguardar su única vivienda mediante la constitución del bien de familia para evitar ejecuciones e inmuebles rematados. Pujato aclaró que, en el caso de los embargos judiciales de sueldos, las normativas vigentes prohíben afectar más del 20% del haber una vez descontado el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Asimismo, propuso habilitar instancias de mediación previa para establecer esquemas de pago en cuotas y a bajas tasas de interés para los trabajadores que sufren despidos o pérdida de empleo.
Por último, los representantes del sector pyme y cooperativo enfatizaron la necesidad de que la provincia de Santa Fe encabece una respuesta colectiva e institucional ante la falta de medidas a nivel nacional. Galizzi instó a los legisladores provinciales a asumir un compromiso pleno en las sesiones parlamentarias donde se discuten estas normas, al considerar que está en juego la supervivencia económica de la población. "Necesitamos que la Defensoría del Pueblo esté al frente de este tema y se siente a discutir con los bancos los intereses usurarios que nos están cobrando", concluyó el titular de Apyme.