Un día después de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue llevado por la Policía Federal a declarar ante la Justicia por su presunta participación en el esquema de corrupción de Petrobras, Brasil amaneció hoy muy polarizado políticamente, y con la militancia del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) activa en el blindaje de su máximo líder.
Desde temprano, simpatizantes del ex mandatario, sindicalistas y miembros de movimientos sociales llegaron a su residencia en la ciudad paulista de São Bernardo do Campo para expresar la solidaridad con Lula y demostrar que no se quedarán impávidos frente a lo que calificaron como "abusos" del juez federal Sergio Moro, de Curitiba, quien lleva adelante el caso del "petrolão".
"La participación es voluntaria, no hicimos una convocatoria. Sabemos que la lucha será larga y necesitamos gas", comentó a la prensa Brás Marinho, dirigente local del PT.
Antes del mediodía, más de 300 personas ya se habían juntado frente al edificio donde vive Lula con su esposa. En tanto, la presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, también se acercó a visitarlo a su vivienda. Todavía aturdido por el traslado coercitivo ante la Justicia, que generó mucha polémica, ayer a la noche el ex mandatario se había quedado hasta tarde en un evento en el sindicato de empleados bancarios repleto de militantes.
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"Fue una ofensa personal, a mi partido, a la democracia, al Estado de Derecho", afirmó Lula, quien pese a quebrarse en lágrimas en varios momentos, prometió no bajar los brazos para defender su legado político y su nombre.
Los fiscales que llevan adelante las investigaciones del "petrolão" sospechan que Lula se benefició personalmente de la red de sobornos que imperó en Petrobras, donde grandes empresas pagaban coimas a directivos de la petrolera estatal y a políticos oficialistas para garantizarse licitaciones con la compañía. En el caso específico del ex presidente, creen que las constructoras OAS y Odebrecht pagaron como favores a Lula un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá y una casa de campo en Atibaia, interior del estado de San Pablo, que el ex presidente usaba con frecuencia, aunque ninguna de esas propiedades estaba a su nombre. Asimismo, los investigadores apuntaron que el Instituto Lula, la fundación política que él creó, recibió unos US$ 8 millones de dudosas donaciones y contratos para brindar conferencias en empresas.
Ayer, la sede del Instituto Lula, en el barrio Ipiranga de San Pablo, amaneció con numerosos graffitis en contra del ex presidente. "Lula ladrón. Basta de corrupción. Tu hora llegó, corrupto", se leía en las pintadas sobre el portón principal.
En varias ciudades del país, críticos del ex presidente celebraron la actuación de la Policía Federal con un "aplausaço", con la esperanza de que después de su declaración indagatoria, pronto Lula quede procesado en el caso.
Los episodios del viernes calentaron más los ánimos entre los brasileños, que ya se encontraban bastante caldeados por la crisis política que atraviesa el gobierno de Rousseff y la aguda recesión económica que sufre el país. No hubo persona que no opinara, para bien o para mal, de la ofensiva judicial contra Lula. En ese contexto polarizado, el magistrado del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello, expresó su inquietud por las consecuencias que las órdenes del juez Moro pudieran tener en la dividida sociedad.
"Un ex presidente de la República, que sin haber ofrecido resistencia física, sea conducido coercitivamente a declarar revela en qué punto estamos. La cosa llegó al extremo. Me preocupa", advirtió.