La presidenta del Parlamento catalán pasó la noche en prisión y su abogado inició los trámites para pagar la fianza que le permita salir, impuesta por la justicia española que la investiga por rebelión y sedición a raíz del proceso independentista, informaron este viernes fuentes judiciales.
"Ingresó pasadas las doce en Madrid 1", la prisión para mujeres situada en el complejo de Alcalá Meco, declaró un portavoz de la administración penitenciaria.
Según una fuente judicial, su abogado se encontraba a primera hora de la mañana en el Tribunal Supremo para iniciar los trámites de pago de su fianza, fijada por la alta corte en 150.000 euros.
Durante la noche, la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) anunció en Twitter que pagará las fianzas de Forcadell y otros cuatro diputados investigados: "La caja de solidaridad cubrirá las fianzas [...] ¡No estáis solos!".
Junto a Forcadell, otros cinco diputados declararon el jueves ante el Tribunal Supremo, que otorgó libertad sin medidas cautelares a uno de ellos --el único no independentista--, y a los otros cuatro les dio una semana para pagar una fianza de 25.000 euros.
Los seis son investigados por rebelión, sedición y malversación como integrantes del órgano rector del Parlamento catalán que permitió la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.
Investigados también por el pulso secesionista están en prisión preventiva ocho miembros del gobierno catalán destituido, mientras que sobre el presidente Carles Puigdemont y otros cuatro de sus ministros, que se encuentran en Bélgica, pesan órdenes de captura y entrega emitidas por la justicia española.
"Muchas gracias a todas y todos por vuestro apoyo, calor y estima", escribió Forcadell en Twitter la noche del jueves.
En su declaración, Forcadell, una comprometida activista independentista, sostuvo que como presidenta de la cámara catalana no tenía "libertad para impedir votaciones", como la realizada el 27 de octubre que aprobó la declaración de secesión de España.
Los independentistas alegaron estar legitimados por el referéndum de independencia ganado por el sí, realizado el 1 de octubre pese a ser declarado inconstitucional.
Pero pocas horas después de la proclamación de la república, el gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont, disolvió la cámara regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre.