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El presidente brasileño Michel Temer decretó este viernes la intervención de Río de Janeiro en el área de seguridad, otorgando a las fuerzas armadas el manejo de la lucha contra el crimen en ese estado desbordado por la violencia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que participó en una reunión la víspera con Temer y varios ministros, dijo por la mañana a periodistas que se trata de una medida "dura y extrema", que "precisa ser bien pensada y ejecutada".

El decreto, inédito desde la restauración de la democracia en 1985, concede a las fuerzas armadas el control de todas las operaciones de seguridad y el comando a los distintos cuerpos policiales.

Según reportes de prensa, la misión se prolongará hasta el fin de la presidencia de Temer, el 31 de diciembre.

La decisión se produce después de los desbordes en el Carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones.

Y se da en un marco de agravamiento perpetuo de la seguridad en la ciudad que en 2016 acogió los Juegos Olímpicos, con ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes y enfrentamientos con la policía que atemorizan a la ciudad.

El propio gobernador de Rio, Luiz Fernando Pezao, hizo su mea culpa esta semana sobre el operativo de carnaval, que empezó el viernes pasado y se prolongó hasta el miércoles.

"No estábamos preparados. Hubo una falla en los dos primeros días y después reforzamos el patrullaje. Pero creo que cometimos un error", afirmó. 

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, ya había anticipado una respuesta del gobierno. "Es muy claro para nosotros que la situación de Rio durante el carnaval fue lamentable. Nuevas medidas deberán venir", declaró después de reunirse con Temer el miércoles por la noche.

El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora en lo que hace a flagelos como la guerra por el control del tráfico de droga en las favelas, el robo de camiones de carga o los "arrastrones" cometidos por decenas de jóvenes a grupos de turistas.

Según la prensa, el interventor en el área de seguridad será el general Walter Souza Braga Neto, que había estado a cargo de la coordinación de operaciones durante los Juegos Olímpicos.

Las fuerzas armadas fueron llamadas desde la restauración de la democracia en 1985 a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.

La medida podría liberar recursos federales para Río, el tercer estado más rico y poblado de Brasil, con cuantiosos recursos petroleros y turísticos, pero al borde de la bancarrota, con sus funcionarios -policías incluidos- que acumulan meses de salarios atrasados.

El decreto debe tener efecto inmediato, pero el Congreso deberá convalidarlo en los próximos días.