El Gobierno avanzó este martes con un notorio recorte del "gasto social" al definir la baja de unas 40.000 fichas del programa Potenciar Trabajo por “incompatibilidad” con otros beneficios, tal el caso de las becas Progresar. Según confirmaron en la Casa Rosada, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta junto con el de Educación a cargo de Jaime Perczyk y la Jefatura de Gabinete resolvieron llevar a cabo esta medida.
El anuncio, comunicado casi con sigilo, no cayó nada bien en las organizaciones sociales, quienes salieron a repudiar la medida del Gobierno. Desde el Movimiento Evita señalaron en un comunicado que este inconveniente se debe a la incompatibilidad del artículo 7.2 de la resolución 1868/2021 del Ministerio de Desarrollo Social que establece que las personas no pueden percibir otro subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de capacitación para poder ser titulares del Programa Potenciar Trabajo.
“Esta confusión es entendible si la persona percibe el P.T. por el inciso 7.3.2.de la normativa (que refiere a la terminalidad educativa de primaria, secundaria y/o capacitaciones en oficios); ya que el espíritu de los programas de complementación es que no se cobren dos subsidios por la misma actividad”, sostienen desde este movimiento social.
Pero se preguntan “¿Qué pasa con los titulares del programa que lo cobran por otras actividades presupuestas en la resolución? Por ejemplo, una persona que trabaja en una unidad productiva y luego cursa estudios secundarios, terciarios o universitarios no puede percibir ambas contribuciones a pesar de que sean dos actividades diferentes y perfectamente complementarias”.
“No podemos dejar de señalar que este problema surge en un contexto de constante ataque y estigmatización a los mal llamados "planes sociales" desde todo el arco político. Y la solución de un gobierno nacional y popular nunca puede ser dar de baja el programa de mayor remuneración sin ningún aviso, dejando solo los exiguos $7.400 del Progresar como ingreso complementario”, aducen.
La medida que implicará un ajuste da gastos de unos 1.500 millones de pesos mensuales se encuadra en el contexto de recorte de partidas que pidió el ministro Sergio Massa y las auditorías de Universidades a los planes impulsadas por el gobierno. La explicación oficial para alcanzar esta determinación fue que "el plan Potenciar Trabajo es incompatible con el Progresar" según dijeron en Desarrollo Social. A la vez, explicaron que este "proceso de ordenamiento" de los planes sociales forma parte del esquema de auditorías que empezaron a realizar las universidades nacionales en los diferentes Ministerios.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Miguel Parra sostuvo a RosarioPlus que con esta medida se plantea el verdadero objetivo del Gobierno que se sumó a la campaña mediática para “difamar a las organizaciones sociales” que son quienes nuclean a los sectores de la economía informal “inventando el trabajo donde no existe”. Para el referente, la discusión es quién paga los platos rotos de la crisis, que esta ocasión recae sobre los más vulnerables, cuando se intenta “cerrar los números para el FMI sin la gente adentro”.
“Es una injusticia de punta a punta y se nos señala como el sector del país que no trabaja ni estudia, cuando es todo lo contrario. Nos invitan a que vayamos precarizados a las empresas para que los patrones ahorren todo tipo de cargas sociales”, apuntó. Y dijo que ya establecieron reclamos para que se restablezca y quienes contaban con estos beneficios puedan volver a cobrarlos.
“Si esto no es ajuste, si esto no es parte del acuerdo con el FMI, ¿qué es?”, dijo Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a este medio. “Esto es sobre los compañeros y compañeras, en su mayoría jóvenes, que además de trabajar, estudian a quienes, encima de quitarles la beca para estudiar, le suspenden el pago del Potenciar, generándoles una catástrofe en su economía”.
Para el referente barrial hay un agravante: “Nuestra juventud está en grave peligro, jaqueada y tentada por la economía narco y la delincuencia. Esto, en Rosario, Santa Fe y otras ciudades de nuestra Provincia, se comprueba de manera brutal, con centenares de muertes violentas de jóvenes. Se toma esta medida de ajuste en momentos en que recrudece la disputa sobre nuestros pibes; en que en los barrios reina soberana la droga y el narcotráfico; en que, para competir con eso, no les sobra a las familias ni a las organizaciones ningún estímulo para lograr que nuestros jóvenes se inserten en la cultura del estudio y el trabajo”.
A la vez, en el Gobierno explicaron que el único programa que no resulta ser incompatible con otro es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, que se puede recibir un plan de cooperativa de trabajo o empleo y al mismo tiempo contar con la AUH que impuso este recorte porque, según dijeron, se hizo un cruce de datos con los beneficiarios de planes sociales que realizaron no sólo la auditoría de las Universidades sino también la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).