A casi ocho meses del gobierno de Javier Milei, Amnistía Internacional responsabilizó a la administración libertaria por los ataques a la prensa. Para eso, elevó una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos y de libertad expresión.
Según detallaron en uno de sus informes, “en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes sociodigitales y medios de comunicación”.
“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho", planteó la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belski.
En el documento, puntualizan que la red social X “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones”, y que el modus operandi de los usuarios libertarios, entre los que se incluye al Presidente, es atacar a los periodistas e insultarlos.
“A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, subrayaron.
En la misma línea, enumeraron: “ A Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, por nombrar solo algunos, ayer, fue sumado Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta del presidente”.
También hicieron mención sobre la situación de la periodista de Radio Jai, Silvia Mercado, a quien le rechazaron la acreditación y tras la judicialización del caso optaron por revertir la situación.
En otro pasaje del escrito, Amnistía Internacional “alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”. Para el organismo, los ataques suelen ser más profundos contra las mujeres.
“Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho”, desarrollaron.
Asimismo, plantearon que “cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información”, al tiempo que subrayaron que “la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia”.
“La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional”, aseguraron, por lo que reclamaron a la CIDH y las Relatorías Especiales a que “exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.