La provincia reglamentó la Ley de Gratuidad del Servicio a Electrodependientes. La medida es aplicable a más de 500 usuarios de la EPE.
En ese sentido, la secretaria de energía,Verónica Geese, dijo en diálogo con LT10 que "hace un año y medio que las personas que necesitan el suministro por cuestiones de salud, no pagan la factura". Además, aclaró que "se está cumpliendo con la reglamentación de la norma aprobada en la legislatura provincial".
Cabe mencionar que la provincia de Santa Fe cuenta desde febrero de 2018 con el Decreto Nº 0064, firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, que establece la gratuidad del servicio de energía eléctrica a todas las personas que, por su condición de salud, necesitan estar conectadas permanentemente a un equipamiento médico.
El trabajo realizado por la EPE y el Ministerio consistió en localizar a las familias, a través de un registro previo con el que contaba la empresa, de personas subsidiadas por su condición de electrodependencia. Además, a estos usuarios se les comunicó que por Ley nacional debían cumplimentar el trámite para ser reconocidos como pacientes electrodependientes. De los 500 beneficiados, 435 comenzaron el trámite correspondiente ante la Nación. De ese total, 250 ya están aprobados mientras que resto se encuentra en proceso y se espera que para marzo de 2019 puedan concretarse.
PROTOCOLO
Uno de los artículos de la Ley nacional asegura al paciente electrodependiente la continuidad del suministro eléctrico en caso de cortes de luz.
Para ello, en Santa Fe se trabaja en una instancia superadora respecto de otras provincias: se trata de incorporar un protocolo de acción que garantice la corriente en caso de un corte, de la forma más eficiente y segura para cada caso.
“Estamos planteando un protocolo de intervención con la participación de tres actores: el Ministerio de Salud, Protección Civil y la distribuidora de energía”, sostuvo Berrino.
“No siempre llevar un grupo electrógeno es la mejor solución en todos los casos, por lo complejo de su manipulación. Por eso, con la intervención de otros actores, es posible encontrar soluciones más ágiles y efectivas para cada caso particular”.
“A partir de la promulgación, tenemos 90 días para reglamentarla. Por lo tanto, entre tres áreas vamos a trabajar para establecer ese protocolo que nos permita brindar una solución rápida, que en algunos casos será un grupo electrógeno, pero también estamos evaluando otras fuentes alternativas como UPS con baterías”, finalizó.