Veintisiete partidos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro informaron hoy que no participarán de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo en Venezuela por considerar que serán un “fraude” orquestado por las autoridades y llamaron a “construir una nueva ofensiva democrática para la salvación” del país.
“No participaremos en el fraude, sí lucharemos por verdaderas elecciones libres”, dice el subtítulo del extenso comunicado con que esas fuerzas anunciaron la decisión, reproducido íntegramente por la oficina de prensa de la Asamblea Nacional (AN -el Parlamento-) y por diarios locales.
El documento enumera diversas medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, controlado por el gobierno) desde que a fines de 2015 la oposición ganara una holgada mayoría en la AN, tales como la inhabilitación de la coalición con que se impuso en esos comicios y el desconocimiento del resultado en el estado Amazonas, que neutralizó la mayoría calificada que los adversarios de Maduro habían obtenido en las urnas.
Asimismo, subraya que “el TSJ de Maduro declaró inconstitucionalmente en desacato a la AN y le ha impedido, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias”.
El texto sostiene que el máximo tribunal “ha violado la inmunidad parlamentaria de más de 30 diputados, dictando además sobre la mayoría de ellos medidas privativas de su libertad, quienes hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas”, y precisa que “hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y cinco parlamentarios en prisión”.
Por otra parte, la declaración detalla otros hechos ocurridos este año con vista a la convocatoria de los comicios de diciembre, en los que debe renovarse la totalidad de las bancas del parlamento unicameral.
En ese sentido, el TSJ, “usurpando las competencias constitucionales del parlamento, designó írritamente” a los directores del Consejo Nacional Electoral (CNE), “abortando la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos un árbitro comicial independiente y confiable”, dice la nota.
A principios de junio pasado, el TSJ nombró la nueva conducción del CNE, integrada exclusivamente por dirigentes chavistas y aliados al gobierno.
El comunicado recuerda que, entre junio y julio pasados, el TSJ “destituyó a las legítimas directivas de varios de los principales partidos democráticos e impuso falsas directivas con el único objeto de cometer fraude al elector, para que estas inscriban candidatos y pretender exhibir así una ficticia participación plural en el proceso”.
Entre los partidos intervenidos por el TSJ figuran Acción Democrática (AD, de Henry Ramos Allup), Primero Justicia (PJ, de Henrique Capriles) y Voluntad Popular (VP, de Leopoldo López), tres de los integrantes del G4 que nuclea a las cuatro agrupaciones opositoras con mayor cantidad de afiliados.
La declaración cuestiona igualmente por “inconstitucionales” las “normas especiales” dictadas por el flamante CNE, que aumentan de 167 a 277 la cantidad de bancas en la AN y modifica los criterios de elección de ellas.
Paralelamente, denuncia “la desaparición de las máquinas de votación” y el hecho de que el cronograma electoral aprobado por el CNE “contiene 12 actividades menos que el que se ejecutó para la elección parlamentaria de 2015”.
El documento fue firmado por AD, PJ, VP, Un Nuevo Tiempo (UNT, el cuarto miembro del G4) y otras 23 fuerzas, incluida la chavista disidente UPP89 y la marxista Bandera Roja.