Dos enfermeros fueron detenidos como sospechosos de actuar en complicidad con un matrimonio de colegas imputado por robar más de 300 vacunas contra el coronavirus para administrarlas en forma particular en un barrio de la ciudad de Santiago del Estero.
En las últimas horas fueron detenidos los enfermeros Fermín Ernesto Medina, de 53 años y Omar Edgardo Véliz (42). Ambos habrían trabajado junto a Dante Díaz, el enfermero de 42 años que se desempañaba en el Área de Inmunización del Ministerio de Salud provincial, que es el principal acusado de robar más de 300 vacunas para administrarlas en forma privada en su enfermería particular.
Además de Díaz, también fue detenida su esposa, María Angélica Coronel, una educadora sanitaria que se desempeña en el servicio de atención telefónica del servicio de emergencia provincial, Sease 107.
Según la información difundida por el diario El Liberal, Medina y Véliz se habrían desempeñado en el vacunatorio privado, en el barrio San Germés.
Los cuatro detenidos están acusados de "hurto agravado y adulteración de sustancias medicinales, en perjuicio del Estado provincial".
La pareja tenía acceso a la depósito oficial de vacunas y según pudo constatarse a través de cámaras de seguridad, el enfermero sustrajo las vacunas junto con los refrigerantes y se llevó todo en una mochila, según lo informado por el sitio de El Liberal.
Autoridades del Ministerio de Salud se percataron este sábado al mediodía de la faltante de las vacunas contra el coronavirus que se encontraban en el depósito oficial de la provincial custodiado por personal de la Fuerzas Armadas.
Tras comprobarse el faltante este fin de semana de las vacunas en el depósito que era vigilado por fuerzas armadas y observarse la participación de Díaz en el hecho, se realizaron varios allanamientos, uno de ellos en el domicilio, donde se secuestraron 283 vacunas contra el coronavirus, material sanitario y otras 510 dosis pertenecientes al calendario anual de vacunación que no son utilizados para la pandemia.
Según detallaron fuentes de la Provincia, todavía faltan 68 dosis de la vacuna Covishield, por lo que se estima que ya podrían haber sido aplicadas a particulares, quienes habrían abonado entre 20 mil y 30 mil pesos por cada dosis.
En tanto, el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, dio instrucciones para presentarse como parte querellante en la causa judicial iniciada por el robo de vacunas contra el coronavirus desde el depósito central del Ministerio de Salud y por la cual están detenidos cuatro agentes sanitarios, tres enfermeros y una empleada del 107. La acción será ejercida por la provincia al considerarse damnificada por el robo de las vacunas.