El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, presentó la acusación y pidió llevar a juicio al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain (59), en la causa que investigó el presunto espionaje ilegal del exfuncionario junto a seis miembros de su equipo de trabajo durante la gestión de Omar Perotti.
A Sain, también exdirector del Organismo de Investigaciones, se lo acusa por haber sido jefe de una asociación ilícita en violación de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520; de haber malversado caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
El fiscal anticipó que solicitó una pena de 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
El pedido de pena también alcanza a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), a quien la Fiscalía le imputó haber sido organizadora de la asociación ilícita investigada. Para ella, el fiscal Hernández solicita una condena de 9 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
El fiscal también requirió la misma pena para la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48).
En cuanto al exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro (57), la Fiscalía consideró que le corresponde una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.
La causa también apunta al exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), a los cuales Hernández les pide 5 años de cárcel más la inhabilitación.
Por último, la acusación sostiene que le corresponde una condena de 3 años de prisión (e inhabilitación) la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
Los ejes de la acusación
Según plantea el fiscal en la acusación, “la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones)”.
De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
En el escrito que presentó el fiscal se detalla que a las personas acusadas se les atribuye haber hecho “informes de inteligencia” en los que incluyeron desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales. De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.
Entre las personas “perfiladas” hay funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).
El fiscal Hernández también los acusa por órdenes dadas a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, “en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Y también se los acusa de destruir gran cantidad de documentos públicos y utilizar información y evidencia proveniente de causas judiciales son fines distintos a la investigación penal.