Roberto Giordano, reconocido peluquero de personalidades argentinas, tiene mucho que explicarle a la Justicia y deberá hacerlo en pocos meses. Es que en las últimas horas el juez en lo penal y económico, Marcelo Aguinsky, lo envió a juicio oral por el delito de insolvencia fraudulenta. Puntualmente se lo acusa de crear empresas fantasmas, en las que ponía como responsables a testaferros, con el objeto de esconder bienes y evitar pagar impuestos o cargas sociales.
La Justicia considera que es el único responsable y que no podía desconocer las maniobras ilegales que se realizaron.
Para entender el complejo entramado que habría realizado Giordano, y que se investigó durante más de 6 años hasta llegar a esta elevación a juicio, conviene repasar el procesamiento que sufrió el peluquero el 5 de junio del 2020. Allí se explica detalladamente el delito que se habría cometido.
Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A, Giordano habría utilizado testaferros (ex empleados o personas de su confianza sin capacidad financiera) para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A, Big Brands S.A, Arimis S.R.L y Unidor S.RL, entre otras, trasladó personal y, sobre todo, bienes.
En total son 17 los bienes que el peluquero habría pasado de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hacía a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.
Entre los bienes encontrados que habrían pertenecido al peluquero pero que “vendió” a estas sociedades manejadas por personas allegadas a él, se encuentran un departamento en calle Arenales 1251, las unidades funcionales 1 y 2 del edificio de Libertador 4880 y tres vehículos, entre otros.
El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas los bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explica una fuente en los tribunales del fuero penal económico.
El juicio oral aún no tiene fecha de realización pero se estima que sería recién en 2023.