El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, participaron este mediodía de una audiencia de conciliación convocada por el juez Luis Sáenz, en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora, quien afirmó en televisión que el Gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.
La audiencia se desarrolló en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Sáenz, informaron fuentes con acceso al expediente.
"Patricia Bullrich adelantó su postura a un diario. El Presidente lo hará ante el Juez que nos convocó. La Justicia está en tribunales, no en los medios. Nos vemos en la audiencia", había publicado en su cuenta de Twitter el abogado del Presidente, Gregorio Dalbón, minutos de la audiencia.
La demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Si Bullrich no se retracta avanzará la demanda, informaron las fuentes consultadas.
El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.
"La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.
La conciliación fue diferente a la anterior dado que la misma estuvo convocada por el juez del caso y, como Bullrich no cambió su postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse si efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.
La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un "socio local" en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un "retorno" a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.
El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central.
"En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".
Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.