La Justicia porteña investiga a una mujer acusada de falsificar recetas médicas que utilizaba para obtener reembolsos de una ONG.
En el día de hoy se allanó el domicilio de la sospechosa y se encontraron 12 prescripciones apócrifas por un valor de $130.000, pero se cree que la estafa total podría llegar a un millón de pesos.
La causa se inició a raíz de la denuncia de una médica dermatóloga que fue advertida sobre la circulación de recetas a su nombre, las cuales prescribían medicación muy costosa con drogas generalmente usadas en pacientes adultos psiquiátricos y muy poco compatibles con su especialidad.
Según pudo determinar la investigación, se trata de una mujer cuya hija adolescente sufre una patología muy compleja, y que presentaba esas recetas falsas ante una ONG que le donaba el dinero para su compra, a cambio de las recetas y posterior factura.
La médica que también fue víctima de falsificación de firma, pudo asegurar que durante un tiempo había atendido a la menor en el Instituto Argentina de Diagnóstico y Tratamiento, pero que en ningún caso le había recetado los medicamentos prescriptos en las 12 recetas apócrifas halladas por una suma de 130 mil pesos. Se estima que a medida que avance la investigación, el monto por estafa podría superar el millón de pesos.
Personal de la División Defraudaciones y Estafas, dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, allanó el domicilio de la estafadora ubicado en José Martí al 2300 en la localidad de Ramos Mejía.
Allí encontraron 6 sellos de distintos médicos, gran cantidad de recetas con esos sellos de medicación que no correspondía a la que necesita la menor para su tratamiento, más de 100 talonarios de recetas en blanco, algunos retirados recientemente de la imprenta, tabletas de medicamentos, dispositivos electrónicos como una notebook, teléfonos celulares, tablets y una impresora térmica portátil (utilizada para la impresión de tickets), y documentación.
Además, se secuestraron 3 pistolas (Bersa calibre 22mm, Bersa calibre 40mm, y una Smith & Wesson calibre 9mm), un revólver calibre 32mm, una escopeta semiautomática calibre 12/70, municiones de diferentes calibres correspondientes a las armas detalladas y una carabina de gas comprimido.
Las armas estaban a nombre de la pareja de la imputada y la documentación estaba vencida desde el 2008. Además, por esta situación, se encontró un oficio del Registro Nacional de Armas (RENAR), en el que lo intimaron para que regularice su situación. En consecuencia, se efectuó consulta con el Juzgado de Garantías Número 4 y se dispuso darle intervención por esta causa paralela a la UFI Número 1, a cargo del doctor Fornaro, del Departamento Judicial de La Matanza.
Del procedimiento, también participó la Comisaría Octava de Don Bosco, médicos del SAME, representantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad y del Gabinete Médico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), a cargo de la doctora Carla Rodino, quien revisó y evaluó a la menor de edad.