El martes 16 de agosto se realizó una audiencia publica en la Cámara de Diputados para debatir acerca del control y del régimen disciplinario de los y las fiscales acerca. El encuentro fue convocado por el presidente de la Cámara Pablo Farías y la diputada Lionella Cattalini.
Del encuentro participaron cinco Fiscales Regionales del MPA (Carlos Arietti; María Eugenia Iribarren; Matías Merlo; Rubén Martínez y Diego Vigo), la Auditora General de Gestión, María Cecilia Vranicich y autoridades del Poder Judicial de la provincia entre otros.
Uno de los oradores fue el Fiscal General de la Provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, quien expresó por LT10 que “la ley desde el día uno significó un condicionamiento. Ahora que la comisión de acuerdos está operativa hay cierta imprevisibilidad en lo que se puede hacer porque se actuá con un sentido político” y agregó que “siempre que un fiscal trabaja un caso está la amenaza latente de que puede ser sometido a un juicio disciplinario político”
Para Baclini “la sola existencia de esta ley ya es un ataque a la independencia” porque siempre está el condicionamiento en el trabajo de los fiscales.
El referente del MPA reconoce que los fiscales, cómo todos los organismos, tienen que tener un control “pero controles que sean equilibrados, que no signifiquen la subordinación de un poder a otro” y ejemplifica con que “el riesgo que exista una denuncia política ante la comisión de acuerdos porque se estaba llevando alguna investigación esta latente y en muchas ocasiones se concreta”.
En este aspecto, el Fiscal General considera que “todo tiene que tener un nivel de control. Nosotros creemos que el mecanismo adecuado es similar al que tienen los jueces” que es el Jury de enjuiciamiento. Esto implicaría que la auditoría de la provincia denuncie e investigue mientras que un tribunal disciplinario analice las pruebas y defina.