El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, ingresó este viernes al Senado de la Nación.
El instrumento anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre a través de la cadena oficial deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe estar integrada por ocho senadores y ocho diputados, aunque aún no fue conformada por diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El mega DNU deberá ser tratado por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles. Una vez transcurrido el tratamiento, la mencionada comisión emitirá dictamen respecto de la validez de la medida y, en caso de avanzar, el decreto tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras para mantener su vigencia. En tanto, para que pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.
La norma que envió el Ejecutivo el Senado viene sufriendo múltiples cuestionamientos por parte del Poder Judicial, aunque el primer fallo que le puso un freno vino a través de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictó una medida cautelar.
