La justicia federal ha iniciado una investigación sobre la presunta cesión irregular de terrenos estatales a sindicatos afines al gobierno del expresidente Alberto Fernández. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia que involucra a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y al exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, por la entrega de al menos 13 predios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y otros organismos estatales.
Según la investigación preliminar, estas cesiones se realizaron durante los últimos meses de la administración Fernández, principalmente en la segunda mitad de 2023. Los beneficiarios incluyen a algunos de los sindicatos más poderosos del país, cuyos líderes mantienen estrechos vínculos con el kirchnerismo.
Entre los gremios favorecidos, según la denuncia, se encuentran:
1. El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), liderado por Víctor Santa María, que recibió un predio de 120.000 metros cuadrados en Ezeiza.
2. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), encabezado por Roberto Baradel, al que se le otorgó un terreno de 160.000 metros cuadrados, también en Ezeiza.
3. La organización conducida por Héctor Daer obtuvo la cesión de dos predios en la Ciudad de Buenos Aires, sumando 2.620 metros cuadrados.
4. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que recibió un terreno de 80.129 metros cuadrados en Tres de Febrero.
La denuncia señala que estas cesiones se realizaron de manera "irregular" y gratuita, sin seguir los procedimientos habituales de convocatoria pública. Además, se cuestiona la falta de plazos establecidos para el uso de estos predios por parte de los sindicatos.
El fiscal Stornelli ha expresado sus dudas sobre cómo estos sindicatos tomaron conocimiento de la disponibilidad de los terrenos, sugiriendo un posible favoritismo por parte de la AABE. La investigación también busca determinar si hubo intervención de otros funcionarios en el proceso de cesión.
Por su parte, allegados al exjefe de Gabinete Agustín Rossi argumentaron que la AABE es un organismo descentralizado y que su titular firma las resoluciones de manera independiente. Sin embargo, la denuncia menciona explícitamente a Rossi, dado que la AABE dependía de la Jefatura de Gabinete en el momento de las cesiones.
El caso ahora está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. Se espera que en los próximos días se comiencen a tomar declaraciones a los involucrados y se analice en detalle la documentación relacionada con estas cesiones.
Esta investigación podría tener importantes repercusiones políticas, ya que involucra a figuras clave del sindicalismo argentino y pone en tela de juicio las acciones del gobierno de Alberto Fernández en sus últimos meses de gestión.