Un un duro revés para la Argentina -pero esperado-, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, heredera del despacho de Thomas Griesa, determinó que el juicio multimillonario por la estatización de YPF se mantendrá en los Estados Unidos, pese al pedido de los abogados del país, que aspiraban a trasladar la controversia a los tribunales locales.
La próxima reunión entre las partes será el 19 de junio. Ese día se definirá cómo seguir adelante para determinar el monto que deberá pagar la Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. El Estado, como principal accionista, deberá hacer frente a la indemnización, que podría costar entre US$3500 y US$12.100 millones, según cálculos privados.
La jueza se pronunció luego de que tres cortes estadounidense -incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema- fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina, como quería el país para alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que adquirió el derecho de las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para litigar contra la Argentina.
Ahora Burford Cap y Eton Park, otro de los fondos que demanda al país por la estatización de YPF, pidieron a la jueza que ordene a la petrolera y al gobierno argentino abonarles entre US$1700 y US$9000 millones por daños económicos estimados, según explicó el analista financiero Sebastián Maril. Tras conocerse el fallo, las acciones de Burford Capital subieron más del 7%.
"Ya había un fallo que decía que los demandantes tenían razón y que debían cobrar. Luego la Argentina dijo que tenía nuevos argumentos para apelar y Preska dio lugar para escucharlos. Pero hoy falló en contra. Ya no hay más instancias. La Argentina está perdiendo 4-0 este juicio [por todas las instancias que fallaron en contra]. Es imposible remontar esto", dijo Maril.
El director de Fin.Guru. estimó que el monto que podría llegar a pagar el país es de entre US$3800 y US$12.100 millones. "Este cálculo surge de una combinación de información que presentó Burford en la bolsa de Londres y de operaciones que hizo en mercados secundarios, cuando vendió parte del caso a inversores. También surge del valor que estableció Eton cuando realizó la demanda y del mismo estatuto de YPF", explicó Maril.
El caso
En abril de 2015, tres años después de la estatización de YPF, Burford Capital Limited presentó en la Corte de Distrito Sur una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.
Los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora tenían el 25% de YPF cuando la controlante era Repsol.
Petersen Energía y Petersen Energía terminaron yendo a la quiebra, con el argumento de que no podían cubrir sus deudas. Así apareció el fondo Burford, un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después.
El pedido de traslado del juicio que había impulsado la administración de Mauricio Macri se basaba en que, al haber cambiado el gobierno, la Justicia no iba a perseguir al fondo Burford, como ellos acusaban, ya que señalaban como su principal argumento para esquivar los estrados locales que el "kirchnerismo había desarrollado una especie de persecución contra el fondo y no se garantizaba imparcialidad". Ahora, con el kirchnerismo de nuevo en el poder, el argumento argentino quedó debilitado.
Igualmente, a pesar de los argumentos presentados por el gobierno de Macri, la Argentina no logró en ninguna instancia que las cortes estadounidense fallen o se pronuncien a favor de trasladar el juicio a los tribunales locales. Este nuevo revés pareciera ser el definitorio, al menos que los abogados que representan al país presenten un nuevo argumento.
Preska es jueza senior de la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Después de dos décadas en el sector privado, fue nominada en 1992 por el presidente George W. Bush para ocupar un lugar en el poder judicial. Desde ese rincón de Manhattan construyó la parte más brillante de su carrera, que dio un salto en 2009, cuando la nombraron jueza jefa, una silla anterior a la actual, que ocupa desde hace dos años.
Preska es considerada por jueces y abogados neoyorquinos como la heredera de Thomas Griesa, célebre en la Argentina por haber dirimido la demanda de los fondos buitre contra el país por la deuda en default de 2001. La jueza mantenía una relación cercana con su antecesor, se quedó con los expedientes argentinos que manejaba y se familiarizó de primera mano con ellos antes de la muerte de Griesa, en 2017.