La causa por el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llega a los tribunales de Comodoro Py cuando debían resolverse pedidos de procesamiento para sus últimos titulares, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de ser los jefes de organización dedicada a la producción de inteligencia prohibida.
La decisión adoptada este viernes por la Cámara Federal de Casación Penal se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, pudiera resolver la situación procesal de los exseñor 5 y exseñora 8 para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado el procesamiento.
Sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro: lo solicitará el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien ya le anticipó sus pasos por escrito al juez Auge.
Fuentes judiciales sostuvieron que el máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.
El movimiento anunciado por Beraldi, de todas formas, no logró evitar la veloz reacción del juez de Lomas de Zamora a lo ordenado por Casación.
En la misma tarde del viernes el magistrado envió a la Cámara Federal porteña el expediente digital de la causa de espionaje y anunció que enviará el físico una vez que quede definido el juzgado porteño que intervendrá.
El abogado Beraldi anunció que recurrirá al máximo tribunal porque considera que la decisión adoptada por la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, es "un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".
El cambio de jurisdicción
Los jueces de Casación que resolvieron el cambio de jurisdicción de la causa lo hicieron en base a que la sede central de la AFI -desde donde habrían impartido las órdenes del espionaje ilegal- y el domicilio del Instituto Patria -espiado en una de las maniobras que dio origen al segundo expediente pero que tramita en forma conjunta al del espionaje general- están ubicados en suelo porteño.
En disidencia votó la jueza Ángela Ledesma, quien sostuvo que son múltiples los escenarios en los que se realizó el espionaje -Ciudad de Buenos Aires, Lomas de Zamora y Ezeiza, entre otros- y que el cambio de jurisdicción afectaba el principio de economía procesal y generaría eventuales estancamientos en un expediente que hasta el momento avanzó sin pausa a pesar de las dificultades del caso y las impuestas por la pandemia.
La causa pasará al Juzgado Federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien después de leerla deberá decidir si le corresponde quedársela a ella (que ya intervino en planteos vinculados al espionaje) o se la envía a alguno de sus colegas de fuero que también podrían reclamársela (Sebastián Ramos, por ejemplo, interviene en la causa por amenazas contra el exfuncionario de Defensa José Luis Vila, episodio vinculado al espionaje ilegal).
Quien finalmente se quede con la causa deberá resolver los pedidos de procesamiento a los ex jefes de la AFI y a otra treintena de imputados, entre los que están al extitular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, por el espionaje carcelario y al exjefe de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano, entre otros.
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani acusados de ser los jefes de organización para la producción de inteligencia prohibida.