Durante la jornada de este lunes, finalizó el juicio oral contra el asesino del matrimonio de Arroyo Leyes. Un hombre, cuyas iniciales son D.V, fue condenado a 25 años de prisión, por un tribunal integrado por los magistrados Sergio Carraro; Luis Octavio Silva y José Luis García Troiano.
Luego de una compleja investigación que llevó adelante el fiscal Omar De Pedro se pudo recolectar un gran número de pruebas que permitió condenar al asesino sin haber podido encontrar nunca los cuerpos de las víctimas (Benito Sosa y Estela Ríos). La principal hipótesis es que el homicida trozó los cuerpos y los arrojó al río para hacerlos desaparecer.
La desaparición del matrimonio
Benito Sosa (65 años) y su mujer, Estela Ríos (52 años) desaparecieron el 19 de diciembre de 2017. Fueron vistos por última vez cuando salieron a pescar en una canoa en el arroyo Potreros, 500 mts a la izquierda del puente de hierro ese día por la mañana.
En ese momento comenzó una búsqueda exhaustiva del matrimonio, que involucró a personal de Prefectura, Buzos Tácticos, Bomberos, la guardia rural Los Pumas y rastreo de perros.
Fueron estos últimos quienes encontraron en una casilla donde elementos pertenecientes a la pareja desaparecida: el motor de la lancha, el tanque de combustible y una caja de pesca, que fueron reconocidas por familiares de Sosa y Ríos como de ellos.
La investigación y la satisfacción por la condena
Omar De Pedro, fiscal que investigó la causa, expresó que “el matrimonio salió a pescar alrededor de las 4 de la madrugada de aquel 19 de diciembre. Llegaron con vida a un rancho y no pudieron salir vivos de este lugar. Pudimos probar que no fue un accidente porque la lancha estaba perfecta y ellos se manejaban muy bien en el río, a pesar de sus problemas de salud. La lancha fue hundida en forma intencional”.
Además, el fiscal agregó que “se encontraron cosas escondidas en los fondos de ese rancho de propiedad de las víctimas y sangre humana que no es del imputado. Los perros especializados en rastreo nos indicaron que el matrimonio llegó vivó a ese lugar y no salieron”.
“Logramos recolectar muchísimos indicios que concatenados nos permiten reconstruir este asesinato. Estamos conformes con la condena y entendemos que 25 años es razonable. De todas maneras, vamos a apelar porque la pena debería ser mayor. No conocemos ningún caso en Latinoamérica de condenas sin cuerpos de las víctimas (salvo en los casos de lesa humanidad). Es muy interesante el precedente que se instala a partir de este caso”, subrayó Omar De Pedro.