El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, ofreció un balance de los operativos de control a chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos que se vienen realizando para prevenir la sustracción de automotores, repuestos y materiales no ferrosos, como cables y placas de bronce o cobre.
Las cifras marcan que los controles -puestos en marcha desde el inicio de la actual gestión- están dando resultados positivos, y que se están logrando desarticular los distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos, que causan daño a la población y al medio ambiente. También disminuyó la cantidad de llamados a la línea 911, con respecto a este tipo de delitos.
Como resultado de estas inspecciones, se incautaron 400 toneladas de material. De ese total, están en proceso de compactación 300 toneladas en Venado Tuerto, producto de un predio completo del cual la justicia ordenó que la provincia tome posesión de ese material que no se podía corroborar su procedencia.
En estos meses se realizaron 35 inspecciones, allanamientos y clausuras en la provincia. Del total de esos procedimientos, 15 se hicieron en Rosario. Por otra parte, comercios vinculados a ese rubro han empezado a acercarse al Registro de Desarmaderos para regularizar su situación.
Objetivos
Por su parte, la compactación se da en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos.
Los resultados obtenidos demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos. Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades.
Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.
En ese sentido, tienen como objetivo controlar, fiscalizar y monitorear a las personas humanas o jurídicas cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea desarmar automotores dados de baja y/o comercializar las partes producto de su actividad.
Sobre el trabajo realizado, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza expresó: “Comenzamos con este trabajo por un pedido del gobernador Pullaro y el ministro Bastia de perseguir este tipo de robo hormiga. Estamos controlando a quienes reducen lo robado, estamos en ese eslabón de la cadena”.
“En los distintos allanamientos hemos encontrado placas de cementerio, material de la EPE, de Aguas, de empresas de telefonía, etc. Este tipo de robos son pequeños, pero afecta a la ciudadanía muchas veces dejándola durante horas, o días sin algún tipo de servicio”, puntualizó el funcionario.
El descenso de los llamados para denunciar este tipo de delitos a la línea 911, da cuenta asimismo de los buenos resultados de las tareas que se vienen realizando.
En febrero, hubo 926 llamadas denunciando robos de cables y algún tipo de metal. Luego de los allanamientos y controles que se llevaron adelante, en abril se recibieron 387 llamadas al 911, lo que implica que el robo y las denuncias disminuyeron un 58,2 %.
En Rosario, entre febrero y abril se registraron 10.309 llamadas relacionadas directamente con hurtos o tentativas. De esas llamadas, 2.003 se referían a la sustracción de cables y otros elementos de metal, lo que representa el 19 por ciento del total de comunicaciones en esa ciudad.
En este sentido, las estadísticas indican que la mayoría de las denuncias apuntan a robos de cables: 1.441 llamados, lo que significa el 72 por ciento del total de elementos, que incluyen dos categorías: cables y metales.