El Gobierno informó la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó lo informó la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos.
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”.
“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual.
Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.
De este modo, se resolvió la baja 23 convenios en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de los alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.
En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3.500 trabajadores correspondientes a distintos entes del la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otras, y se aclaró que "en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.
La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.