El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por un periodo 60 días, el máximo que permite la Constitución, según publicó este viernes la Gaceta Oficial, como respuesta a la situación de crisis que atraviesa el país.
La adopción de esta medida de excepción permite ampliar las facultades del Ejecutivo que preside Nicolás Maduro, así como "la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas", según recoge la Ley Órganica sobre los Estados de Excepción, que matiza, sin embargo, que esa restricción no puede afectar a derechos fundamentales.
La publicación de este decreto coincide con la presentación, por parte del propio Maduro, de la memoria de gestión anual ante la Asamblea Nacional, que por primera vez en 15 años cuenta con mayoría de la oposición, una sesión en la que se espera que el presidente aborde las medidas previstas para superar la crisis que recoge el decreto.
La Asamblea Nacional no tiene entre sus atribuciones aprobar o censurar el balance anual de la gestión, pero su nuevo presidente, el opositor Henry Ramos Allup, ha recordado que el discurso de Maduro será sometido a un debate parlamentario en el que se podrá "emitir un pronunciamiento político". Además, los ministros deberán entregar a los diputados los informes de gestión de sus respectivas carteras, que si pueden ser reprobados por la cámara.
Al acto asistirán representantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, del Poder Ciudadano -integrado por el Defensor del Pueblo y la Contraloría General (órgano equivalente al Tribunal de Cuentas)-, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado del país. Será la tercera vez que Maduro presente su informe de gestión desde que fue elegido presidente en abril de 2013, aunque en ninguna de las dos anteriores se había enfrentado a una Asamblea hostil.
Una aguda crisis económica
Venezuela sufre una grave crisis económica a partir del desplome del precio del petróleo, ya que el crudo es su principal producto de exportación, hasta el punto de proporcionar casi el 95% de sus ingresos.
La deficiencias del tejido productivo -Venezuela se ve obligada a importar la mayoría de los productos básicos que consume- y ese descenso brusco de los ingresos, que ha reducido los dólares disponibles para importar bienes, han provocado una pertinaz escasez en los mercados venezolanos: la gente solo puede comprar productos básicos, como el arroz o la harina, en días concretos y en cantidades limitadas.
Eso provoca el florecimiento de un enorme mercado negro, de dólares y de bienes, además del empobrecimiento generalizado de una población que sigue cobrando su sueldo en los depauperados bolívares.
La inflación se ha disparado hasta el punto de que el Gobierno no publica ya estadísticas oficiales sobre la evolución de los precios; tampoco sobre el PIB. Maduro achaca la situación a lo que denomina la "guerra económica", una conspiración de la oposición con ayuda de empresarios y de Estados Unidos, pero los controles de precios impuestos no logran reconducir la situación.
Según las últimas previsiones del FMI, la inflación alcanzó el 159,1% en 2015 y será del 204,1% en 2016, mientras que el PIB, que cayó un 4% en 2014, bajará el 10% en 2015 y otro 6% en 2016. El desempleo subirá, según esas estimaciones, un 14% en 2015 y un 18,1% este año.