La polémica sobre la propiedad de la cuenta de Twitter @CasaRosadaAR puso en evidencia las contradicciones de la política oficial del kirchnerismo a la hora de diferenciar lo privado, lo público y lo estatal.
Desde hace años, el Gobierno las utiliza tanto para difundir políticas públicas como para atacar a la oposición. Pero ¿a quién pertenecen en verdad?
Según se desprende de un cruce de información que comenzó en enero entre LA NACION y autoridades del Gobierno, ya existía la concepción de que las redes sociales "oficiales" eran utilizadas para dar a conocer políticas públicas, pero paradójicamente no eran contempladas como parte del Estado, sino como una herramienta partidaria.
A principio de año, LA NACION Data realizó un pedido de información pública dirigido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, por entonces comandada por Jorge Capitanich. Allí se solicitaba información a la Secretaría de Comunicación sobre los responsables de la administración de la cuenta de Twitter @CasaRosadaAR y de la página de Facebook oficial de la Presidenta.
Un par de semanas más tarde, desde Jefatura de Gabinete negaron tener registro sobre los perfiles. "No se cuenta en esta Jurisdicción información sobre los datos solilcitados", decía la carta de respuesta, fechada el 13 de febrero de 2015.
El mismo pedido se le había hecho, en forma paralela, a la Secretaría General de la Presidencia, que en esos meses estuvo bajo la órbita de Aníbal Fernández. La respuesta, que llegó el 11 de febrero, curiosamente era distinta.
Aníbal -la respuesta llevó su firma- explicó que ambas cuentas "se utilizan para hacer conocer políticas públicas", aunque remarcó que no podía dar mayores detalles sobre la mecánica de su funcionamiento dado que su uso se ajustaba "a las arbitrariedades propias de las mencionadas redes sociales", que no son objeto del decreto 1172/03, que regula el derecho a la información pública.
Es decir, el Gobierno reconocía que las cuentas eran utilizadas para dar a conocer información pública, pero se negaba a dar información, también pública, sobre los designados para su funcionamiento. LA NACION había pedido la nómina de los autorizados para manejar estos usuarios.
Se cierra el círculo de la (no) información
El 26 de febrero, Eduardo "Wado" de Pedro se puso al frente de la Secretaría General de Presidencia. Días más tarde, y a raíz del cambio de autoridades, LA NACION volvió a cursar el mismo pedido. Y sí, la respuesta fue otra vez diferente.
Bajo la firma de José Lepere, subsecretario general de Presidencia, se informó que todos los datos referidos a la cuenta de Twitter de la Casa Rosada y a la de Facebook de la Presidenta eran responsabilidad exclusiva de la Jefatura de Gabinete, para ese momento ya comandada por... Aníbal Fernández.
"La información requerida resulta de competencia de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros", indicaba la carta de respuesta, con fecha del 7 de abril de 2015.
Qué dicen las autoridades de Facebook y Twitter
Consultados por LA NACION, voceros de Twitter dijeron que no harán comentarios sobre la situación de la cuenta @CasaRosadaAr. Sin embargo, uno de los responsables de IMS, la empresa que gestiona la publicidad para Twitter en la Argentina publicó en la red social que "si se reclama por la cuenta, son los equipos de @twitter quienes deben validar o no el reclamo por el perfil institucional".
Desde Facebook, en tanto, explicaron que podrían intervenir únicamente ante un caso de violación de alguna de las normas comunitarias. Por ejemplo, si el gobierno de Cristina Kirchner no quisiera ceder las páginas institucionales, como las de cada ministerio o incluso de la Casa Rosada, podrían tomar medidas.
Esas medidas, sin embargo, no implicarían cerrar cuentas, sino aconsejar al gobierno entrante que genere nuevas páginas, para verificarlas y "mudarle" todos los "fans" del usuario anterior. "En ningún caso Facebook cambiaría las claves de nadie ni bloquearía el acceso a páginas", remarcaron.