Roxana Lizárraga, designada ministra de Comunicación por el régimen de Yáñez, convocó al diálogo político este domingo.
Los cocaleros estaban movilizados y la planta de combustibles de Senkata, en El Alto, permanecía bloqueada y amenazaba con el desabastecimiento en la capital, La Paz.
Las acciones son coordinadas por partidarios de Morales, que de esa manera presionan para que el gobierno saque a las Fuerzas Armadas de las calles, indicaban las últimas informaciones de las agencias internacionales.
La diputada Sonia Brito fue vocera del MAS en una rueda de prensa.
De su lado, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, ofreció una curiosa interpretación del decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas.
Sostuvo que "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, que la paz social se restablezca", detalló.
El decreto fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con este organismo, las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos; de ellos, nueve muertos y 122 heridos solo el viernes pasado.