El nuevo gobierno de Uruguay se propuso conseguir que los argentinos, sus turistas más fieles, no solo elijan al país vecino pasar vacacionar, sino que los tentarán para que se instalen allí de manera permanente. Como el objetivo de potenciar la inversión apuntan a empresarios y personas de alto poder adquisitivo.
El fin de semana pasado el presidente electo, Luis Lacalle, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), en el marco de la Expo Real Estate de Punta del Este, y les informó que pretendía flexibilizar algunas regulaciones respecto a la residencia legal y fiscal para que 100 mil argentinos vengan a vivir a Uruguay en los próximos 5 años, según publicó el diario uruguayo El Observador.
“Estamos seguros que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, dijo Lacalle en rueda de prensa tras la reunión.
No hay un plan específico de imán de argentinos, ni hay expectativas de una ola emigratoria extraordinaria, sino que la nueva administración quiere flexibilizar condiciones para radicación de familias extranjeras, y alguna norma de tipo impositivo, para permitir que empresarios e inversores, encuentren condiciones favorables para apostar a Uruguay.
¿Cuáles son las medidas que anunció Lacalle Pou? Una es legal, para reducir el monto patrimonial exigido, y otra es de norma del Banco Central, sobre movimiento de capitales.
Una de las flexibilizaciones, según trasladó el presidente electo a Appcu, será reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal.
Es una idea que también maneja el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso. “Son lo que se llaman altos consumidores o contribuyentes de alta calidad”, explicó al diario uruguayo. De todos modos, Cardoso aseguró que todavía no habló del tema con Lacalle y que le “sorprendió” que lo mencionara, pero aseguró que es necesario “analizar incentivos” para atraer a ese perfil de inmigrante.
Actualmente existe una diferenciación para obtener la residencia legal (que permite tener la cédula de identidad) entre los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados y el resto del mundo. Mientras que los primeros solo tienen que demostrar el ánimo de permanecer y residir en Uruguay, los segundos deben además acreditar medios de vida. Para la residencia fiscal no existe ningún tipo de diferencia.
La reciente medida lazada por el presidente Alberto Fernández de que las inversiones o bienes radicados en el exterior pagarán el doble del Impuesto a los Bienes Personales impulsó a que algunos argentinos empiecen a analizar cruzar el charco.
Anteriormente pagaban este impuesto quienes tenían domicilio fijado en Argentina lo que permitía que un cambio de domicilio fuera suficiente para no pagar el impuesto. Ahora lo que se exige es la residencia, lo que genera una dificultad mayor para quienes pretendan perder la calidad de contribuyentes en la vecina orilla.