Brasil atraviesa una complicada crisis institucional. Horas después de la presencia de Sergio Moro en tribunales donde denunció la intervención política de Bolsonaro sobre la policía federal para evitar investigaciones que implicaban a su familia en delitos, el presidente participó de un acto político con fanáticos que pedían la intervención del poder judicial y un golpe de Estado.
Según Moro, el presidente despidió sin su aprobación al jefe de la Policía Federal, Maurício Valeixo, y falsificó su firma digital para poder retirar al uniformado del cargo. “El cambio al frente de la policía federal sin ningún motivo real es una injerencia política que me resta credibilidad a mí y al gobierno”, expresó el exministro y añadió que Bolsonaro le dijo que “quería tener una persona con la que tuviera contacto personal, con la que pudiera recoger informaciones” o “informes de inteligencia”.
El procedimiento que podría destituir al presidente
Sérgio Moro testificó ante la Policía y no ante un juez porque cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó que comenzaran las investigaciones en contra de Bolsonaro tras las denuncias del exfuncionario, el magistrado Celso de Mello le dio 60 días a los uniformados para que ellos hicieran su propio dossier de la investigación. Una vez terminen, el fiscal Augusto Aras decidirá si denunciar formalmente o no a Bolsonaro frente a la Corte y para ello necesitaría la aprobación de 342 de los 513 diputados de la Cámara.
Si la investigación llega hasta esa fase, el Supremo puede retirar temporalmente al presidente durante 180 días, que es el plazo que tiene la máxima instancia judicial brasileña para realizar el juicio. Pero si declaran culpable a Bolsonaro, será destituido del cargo.