El 31 de septiembre se vence el decreto de necesidad y urgencia que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos en el marco de la pandemia del coronavirus.
Desde el Gobierno están analizando opciones para los inquilinos, como la extensión del decreto o un plan de créditos o subsidios que les permita saldar sus deudas con los propietarios.
Sin embargo, la incertidumbre ya rige en quienes tienen que pagar un alquiler por el lugar en donde viven. En Santa Fe, la situación de estos se complejiza a medida que la pandemia continua extendiéndose “en tiempo y profundidad en cuanto a cantidad de contagios detectados y medidas relativas a evitar la propagación de los mismos, que provocan efectos colaterales en términos económicos y laborales en gran porcentaje de la población” analiza Lucas Simoniello, concejal de Santa Fe e integrante de Encuentro Santa Fe.
Según relató Simoniello en El Cuarto Poder, esta información se desprende de una serie de encuestas online “que hicimos en abril y mayo, y se repiten en septiembre, y el principal punto es cómo se han abonados los alquileres: hay un 47% que lo hizo con normalidad, un 41% que abono con dificultades, un 7% hizo un arreglo particular con el propietario y un 5% no pudo pagar directamente”.
Además, según las conclusiones generales de este relevamiento, ese 41% que pagó con dificultades, lo hizo resignando el pago de otros consumos como ser el pago de la tarjeta de crédito, generando deudas.
Otro de los temas consultado en estas encuestas es el debate en torno a la extensión del decreto 320/2020 que protege los derechos de inquilinos e inquilinas. "El 79% esta a favor de la prórroga del mismo y lo fundamenta mayormente en una lectura del contexto que implica tanto su situación particular como la de los demás, destacándose la prorroga como un paliativo necesario para quienes "la están pasando mal". A su vez, se manifiestan la incapacidad de afrontar, en el corto plazo, un aumento del monto a pagar por el alquiler, el no vencimiento de los contratos que el decreto mantiene vigentes o la incapacidad de desalojo".
Por otro lado, "el 16% que no acompaña una extensión del mismo tiene la particularidad de ser un universo de encuestados donde se pudo afrontar con mayor facilidad el pago normal del alquiler (70%) y donde priman los varones, aumenta el porcentaje de locatarios particulares y las categorías de trabajadores independientes o profesionales y empleados privados que fundamentan su postura en base a una lectura de largo plazo de la situación, designando al decreto como una excusa o una "no solución" para el inquilino ya que permite una acumulación de cuotas que luego pueden abarcar un actualización desmesurada".