Los fiscales federales Carlos Stornelli y Alejandra Mángano pidieron hoy el procesamiento de todos los imputados por la presunta secta de Villa Crespo, también conocida como Escuela de Yoga, por delitos que van desde la asociación ilícita hasta la trata de personas y lavado de activos.
“Se determinó que todos sus miembros conocían cómo estaba constituida la pirámide de poder, quiénes eran las personas que la diseñaron y organizaron, y quién actuó como jefe”, dijeron los fiscales, en un dictamen de un centenar de páginas.
“Se probó que las personas imputadas conformaron una voluntad única y tomaron parte de una agrupación que fue constituida con fines y objetivos delictivos. Todos sabían que ingresaban a una organización que, si bien utilizaba la fachada de “escuela” y de otros tantos pseudoemprendimientos, en definitiva no era otra cosa que una asociación destinada a cometer delitos”, añadieron.
El pedido de procesamientos incluye al supuesto líder de la secta, Juan Percowicz, y a otros integrantes: Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth London, Susana Mendelievich, Mariano Krawczky, Mario Leonardo, Gustavo Rena, Carlos Barragán, Georgina Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Aguilar, Alicia Arata, Silvia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Fryd Trepat, Federico Sisrro y Jorge Novas.
“Se ha tenido por acreditado que los imputados administraron, transfirieron, convirtieron –o en general, ‘aplicaron’- y/o disimularon, siempre con miras a poner en circulación en el mercado formal el dinero proveniente de los ilícitos, para poder dotarlo de una apariencia lícita”, dijeron los fiscales al explicar los alcances de la figura del lavado.
En cuanto a la trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, los fiscales ejemplificaron en “la adoración reclamada por Juan Percowicz, al que tratan como si fuera el ‘mismísimo Dios’ cada vez que se hace presente, y paralelamente en la progresiva intromisión de la organización en todos los ámbitos de la vida de sus fieles”.
“Todas las practicas que llevaban adelante los ‘alumnos’ tenía el propósito de ser bien valoradas a los ojos del líder para de ese modo lograr evolucionar”, añadieron.
Stornelli, fiscal natural de la causa, y Mángano, quien interviene como titular de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas, evaluaron que la “situación general de servidumbre alcanza también la servidumbre económica de las víctimas”, a quienes se les exigía un aporte económico mensual “ que podía alcanzar la suma de cien mil dólares mensuales”.
El dictamen también analiza el presunto ejercicio ilegal de la medicina, a través de una clínica que “formó parte del proceso de servidumbre al que se vieron sometidos los alumnos”.
“Las prácticas que tenían lugar allí también resultarían encuadrables en el delito de ejercicio ilegal de la medicina; máxime teniendo en consideración que la ‘clínica’ no solamente era empleada para los ‘alumnos’ de la Escuela sino que también era utilizaba para supuestos ‘tratamientos’ contra las drogas de personas de origen extranjero, fundamentalmente estadounidense”, subrayaron.
La decisión sobre la situación procesal de los imputados está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo.