Distanciadas por más de 1.200 kilómetros y por 44 años de edad, dos mujeres se convirtieron por estos días en los símbolos coyunturales de la violencia de género en Perú, un problema recurrente en un país machista, al que ni el Estado ni la sociedad logran darle respuesta pese a las demandas de organizaciones y dirigentes feministas.
Katherine Gómez, de 18 años, falleció a fines de marzo después de que su exnovio, de 21, la rociara con gasolina y prendiera fuego en una plaza muy concurrida del centro de Lima. Apenas unas horas después, Juana Larico, de 62 años, fue víctima de un ataque idéntico por parte de su conviviente, de 73, en una casa modesta de la ciudad sureña de Juliaca.
No son casos aislados: 137 mujeres fueron asesinadas en 2022 en Perú por sus parejas, exparejas o pretendientes. El año anterior lo habían sido 147 y en 2020 la cifra fue de 138. Y en cada uno de esos años se denunciaron además miles de casos de violencia de género.
“Debemos librarnos de los estereotipos y de las pautas socioculturales que perciben a lo masculino como superior a lo femenino”, le dijo a Télam Sofía Romero, quien tuvo a su cargo la dirección contra la violencia de género en el Ministerio de la Mujer de Perú.
Para Romero, el país logró ciertos avances en aspectos de la lucha contra la violencia de género, pero tiene pendiente reducir la expresión más perversa de esos ataques: el femicidio.
Katherine aceptó reunirse con su expareja, un vendedor ambulante del que ahora se ignora el paradero, para explicarle cara a cara por qué estaba decidida a terminar la relación. Por seguridad, prefirió citarlo en la céntrica plaza Dos de Mayo de la capital, donde siempre hay muchas personas.
Un seguimiento con cámaras de seguridad de la zona muestra cómo el asesino, Sergio Tarache, por quien ahora se ofrece el equivalente a 13.000 dólares como recompensa, compró gasolina en un lugar cercano. Ante la renuencia de Katherine a retomar el noviazgo, la regó de combustible y la prendió con fósforos.
Tarache huyó a pie, aprovechando que las personas prefirieron auxiliar a la víctima en lugar de perseguirlo. Las cámaras lo muestran en una huida desaforada por las calles céntricas, sin que ni la Policía ni nadie más lo interceptara.
Ahora, los allegados a la víctima temen que haya logrado salir hacia Venezuela, su país de nacimiento.
En Juliaca, Larico logró aparentemente vencer a la muerte, pero con quemaduras en 40% del cuerpo. La Policía en este caso logró la inmediata captura del atacante, quien en las primeras horas se negó a colaborar con su testimonio.
Decenas de personas convocadas por la ONG feminista Manuela Ramos hicieron concentraciones estos días frente al Ministerio de la Mujer, no solo para expresar rechazo a la violencia, solidarizarse con las víctimas y exigir respuestas gubernamentales, sino también para protestar por declaraciones de la titular de esa cartera.
“Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quien estar, porque ellas deben ser conscientes de que merecen vivir libres de violencia”, dijo la ministra Nancy Tolentino, lo que hizo que desde diversos sectores se le reprochara cargar la culpa sobre las víctimas.
“Que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta, que vulnera sus derechos, que no las trata con la dignidad que merecen”, insistió Tolentino en esa ocasión.
La violencia no solo se expresa en los feminicidios, una figura incluida en la legislación peruana desde 2014 para añadir agravantes a los asesinatos por razones de género. Cada año se denuncian y documentan miles de casos de maltrato físico, psicológico y/o sexual.
En 2022, por ejemplo, se reportó y documentó la desaparición de 478 mujeres, incluidas niñas y adolescentes. Se estima que en la gran mayoría de esos casos hay violencia de género de por medio y que las cifras podrían ser aún más altas si todos los episodios fueran denunciados.