Doce directivos de la agroexportadora Vicentin fueron imputados este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, por el delito de asociación ilícita en carácter de autores, mientras que tres síndicos del concurso preventivo de la compañía fueron acusados de encubrimiento.
Las acusaciones que elaboró el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, se produjeron en la causa por la que los directivos fueron imputados por posible defraudación y estafas en octubre de 2021.
El fiscal Moreno imputó a los directivos de Vicentin Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza.
Se los imputó formalmente por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa por defraudación y estafas iniciada tras la cesación de pagos de la agroexportadora, en diciembre de 2019.
Los mismos directivos ya fueron imputados por presuntas estafas y defraudación en octubre de 2021.
El fiscal Moreno considera que fueron responsables de maniobras con los balances de Vicentin SAIC, la firma concursada en febrero de 2020, para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa.
De esa manera, según la acusación, la compañía continuó recibiendo granos de sus clientes y obtuvo créditos para prefinanciación de importaciones del Banco Nación hasta unos días antes de caer en default.
Además, el fiscal acusó a los síndicos del concurso de Vicentin, Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut, por presunto encubrimiento de las maniobras irregulares endilgadas al directorio.
Moreno consideró que los síndicos pasaron por alto en su informe general los señalamientos de esas irregularidades realizados por la auditoría forense encargada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Las nuevas imputaciones a los directivos de Vicentin, cuyo pasivo concursal verificado ronde los U$S 1.500 millones, se produjeron después de que se conocieran las impugnaciones del Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la propuesta de pago presentada por la empresa al juez, que en los próximos días debe resolver si homologa el acuerdo o lo rechaza.