Quedó en prisión preventiva un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires que es investigado como autor de estafas llevadas a cabo en perjuicio de dos empresas lácteas de Rafaela (departamento Castellanos). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.
El fiscal Guillermo Loyola es quien representó al MPA en la audiencia y solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.
Además del hombre que quedó en preventiva –cuyas iniciales son MDC y tiene 43 años–, también estaban detenidas 17 personas más, a las que el fiscal les endilgó de manera remota la participación necesaria en la comisión de las estafas. En relación a estos otros imputados –también oriundos de la provincia de Buenos Aires–, la magistrada resolvió otorgarles la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
La maniobra
El representante del MPA manifestó que “el martes 23 de enero de este año, el hombre investigado utilizó los datos de identidad de un exempleado de una de las firmas damnificadas y logró de manera engañosa cambiar las claves de acceso a su perfil bancario y modificar así la contraseña del homebanking para obtener la tarjeta de coordenadas de la empresa”.
“Con la utilización de un documento de identidad apócrifo del exempleado de la empresa, el imputado indujo a error a personal de la entidad bancaria y obtuvo de esa manera la tarjeta de coordenadas con la que logró realizar 38 transferencias a distintos destinatarios y por diferentes montos, lo que le causó un perjuicio a la compañía por una cifra aproximada de 153.000.000 de pesos”, afirmó el fiscal.
Loyola añadió que “con la misma tarjeta de coordenadas, el imputado logró ingresar a la cuenta corriente de la otra empresa –relacionada con la primera firma– y, de común acuerdo con otras personas, les transfirió a cada una sumas de dinero por un total aproximado de 18.000.000 de pesos”.
“La mayoría de los destinatarios de las transferencias realizadas por el hombre investigado ya fueron identificados e imputados como partícipes necesarios de las estafas”, agregó.
“Por otra parte, invocando el nombre del exempleado de la empresa damnificada y utilizando el mismo documento de identidad apócrifo y una supuesta autorización para actuar en representación de la empresa, el imputado adquirió a una firma de Buenos Aires 500 amoladoras y 500 taladros, herramientas que abonó mediante transferencia desde la cuenta corriente a la que tenía acceso ilegalmente”, concluyó Loyola.
Medidas cautelares
El fiscal manifestó que “la jueza Fortunato consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron suficientes como para tener acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del hombre investigado y la participación necesaria de las 17 personas restantes”.
Loyola sostuvo que “para dictar la prisión preventiva, Fortunato tuvo en cuenta la modalidad del hecho, la complejidad de la maniobra y el perjuicio económico, lo que le permitiría pronosticar que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”. Asimismo, precisó que “la jueza contempló la existencia de peligros procesales y remarcó la necesidad de mantener al imputado vinculado al proceso y preservar la prueba”. Según argumentó, “había tanto riesgo de fuga como de entorpecimiento probatorio”.
En relación con las medidas alternativas a la prisión preventiva dispuestas para el resto de los imputados, las mismas consisten en fijar domicilio, presentarse a firmar cada 15 días en la comisaría de su jurisdicción, no comunicarse con las víctimas y testigos del caso, pagar una fianza de 500.000 pesos cada uno y no tener ni portar arma de fuego.
Calificaciones penales
Al hombre identificado con las iniciales MDC se le atribuyeron la coautoría de estafa reiterada en dos oportunidades y acceso ilegítimo a sistema o dato informático, así como el delito de uso de un documento falso, en carácter de autor.
A los restantes 17 imputados se les endilgó la participación necesaria en diferentes hechos de estafa y acceso ilegítimo a sistema o dato informático.