Un juez de Bahía Blanca prohibió la venta como chatarra de un buque que participó del desembarco en las Islas Malvinas en 1982. El magistrado federal Walter López Da Silva hizo lugar a una medida cautelar que dispuso “ordenar a la Armada Argentina que suspenda la oferta del buque y la efectivización del Decreto 1017/2020 del Ministerio de Defensa, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”.
El buque que estaba destinado a desguace y venta como chatarra en subasta pública es el destructor Santísima Trinidad, que según el Ministerio de Defensa agotó su vida útil y por su estado de deterioro debe ser dado de baja. El planteo judicial fue formulado por el abogado Jorge Oliver, quien propuso que el buque, por su carácter histórico, sea preservado como una pieza de colección que evoque la gesta de Malvinas.
En el entretanto, reclamó una medida judicial que suspendiera la salida a subasta del buque, y el juez accedió como paso previo a la apertura del proceso de fondo mediante una “acción de amparo”. López Da Silva resolvió “declarar formalmente admisible el amparo y requerir el informe circunstanciado previsto, el que deberá ser presentado en el término de cinco días al Estado Nacional”, para que explique su postura.
El Poder Ejecutivo emitió el año pasado el decreto 1017/20, que convocó a concurso de precios para la adquisición de material de rezago de la Armada, que incluía al ARA Santísima Trinidad. Los demandantes propusieron que, en lugar de venderlo como chatarra, el buque sea entregado a una Fundación que se hará cargo de su preservación y mantenimiento.
“La Fundación 20 de Noviembre se encuentra en condiciones óptimas para afrontar esas tareas”, sostiene el escrito de inicio de la acción judicial. El Estado respondió que “de serle entregado el buque a la fundación, el mismo dejaría de ser un buque de guerra y pasaría a la órbita de la Prefectura Naval, debiendo cumplir con ciertos requisitos” cuya ejecución puso en duda. El Santísima Trinidad está actualmente amarrado en la base naval de Puerto Belgrano.