El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, firmó este miércoles un decreto que establece la cesantía de 11 empleados a los que se les había abierto un sumario administrativo por irregularidades, que se desempeñaban en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
El decreto, que además lleva la firma de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, fue el resultante de una decisión tomada a partir del trabajo de investigación de la Fiscalía del Estado, que recomendó cesantear a estos trabajadores.
Vale recordar que a estos empleados, que también tienen una causa judicial abierta, se los investiga por posibles delitos de fraude en perjuicio del Estado por un total de 38.337.865 de pesos. Ese monto, actualizado por la inflación actual, superaría los 100 millones de pesos.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la saga de delitos ocurrió entre enero del 2020 y octubre del 2023 cuando estos empleados recibieron en sus cuentas bancarias importantes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30 %”, que surge a partir de los servicios que brinda el hospital a los distintos usuarios que tienen obras sociales, prepagas, medicina laboral o seguros de accidente.
En un tramo del decreto firmado este miércoles por Pullaro y Ciancio se fundamenta la decisión de esta manera: “Teniendo en cuenta que ha quedado debidamente acreditado la utilización con fines particulares con la evidente intención de incrementar su propio peculio con bienes destinados al servicio oficial, en este caso dinero recaudado que tenía otro destino, el reparto previsto normativamente entre sus compañeros del Hospital, por parte de los agentes mencionados, corresponde la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía de los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, por incumplimiento de los deberes del artículo 13 incisos a), b), c) e i), y el quebrantamiento de las prohibiciones del artículo 14 inciso h), ambos del citado texto legal; en un todo de acuerdo con lo aconsejado por Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 383/2024 (fs. 1012/1098)”.
Vale señalar que, en una primera instancia, se trataba de 13 agentes investigados. Uno de ellos fue declarado “exento de responsabilidad administrativa”; mientras que en el restante se dejó antecedente sumarial en su legajo al comprobarse que “no posee potestad disciplinaria sobre su persona”.