Tres mujeres fueron condenadas por integrar una asociación ilícita que ofrecía motocicletas a la venta a través de redes sociales y luego les robaba a los interesados en comprarlas. Los ilícitos fueron cometidos entre agosto de 2022 y el mismo mes del año pasado en la ciudad de Santa Fe.
Una de las condenadas es Cecilia Soledad Miranda, de 38 años, a quien se le impusieron cinco años de prisión. Las otras dos son sus hijas: Agostina Anahí Martínez y Abilén Ariana Martínez, de 22 y 19 años, respectivamente, cada una de las cuáles deberá cumplir cuatro años de prisión. A raíz de que las tres mujeres tienen personas menores de edad a su cargo, se dispuso que cumplan las penas de forma domiciliaria.
Las sentencias fueron resueltas por la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la capital provincial.
La fiscal que representó al MPA es María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, quien lleva adelante la investigación.
Clan familiar
Urquiza afirmó que “las condenadas formaban parte de un clan familiar estable, permanente y organizado, destinado a cometer ilícitos contra la propiedad”.
La funcionaria del MPA aseguró que “Miranda y sus hijas concretaban delitos a partir de las indicaciones que les daba un hombre que está imputado como jefe de la asociación ilícita y transita el proceso judicial en prisión preventiva”. Según subrayó, “al momento de los hechos, él ya estaba detenido en un establecimiento penitenciario”.
Asimismo, mencionó que “un hombre del entorno de las mujeres, identificado como Julián Contreras, fue condenado el año pasado a tres años de prisión por integrar la misma banda delictiva”.
También puntualizó que “otros dos investigados como miembros del grupo criminal están privados de su libertad como medida cautelar”.
Puntos de encuentro
La fiscal señaló que “la banda delictiva ofrecía a la venta en redes sociales motocicletas marca Honda modelo Tornado o XR, con la finalidad de captar potenciales víctimas”, y explicó que “cuando alguien demostraba interés en adquirir un vehículo, establecían un punto de encuentro”.
“A la fecha y hora acordada, los atacantes iban al lugar, amenazaban con armas de fuego a los compradores y les quitaban dinero y otras pertenencias”, precisó. “En otras ocasiones, tras recibir una seña vía transferencia bancaria no acudían a la reunión pactada ni retomaban la comunicación con quienes les habían pagado”, agregó.
La representante del MPA especificó que “si bien investigamos 15 ilícitos cometidos por el clan familiar, las condenadas no estuvieron implicadas en todos”. Expuso que “Miranda participó de cinco robos -uno de los cuáles no llegó a concretarse-, y cuatro estafas” , y añadió que “Agostina Martínez cometió dos robos, mientras que su hermana estuvo involucrada en otro”.
Urquiza sostuvo que “en general, las víctimas de los delitos en los que las mujeres asumieron roles en el plan criminal fueron citadas en el barrio Villa del Parque o en la zona noroeste de la ciudad”. En cuanto a lo sustraído mediante esas conductas ilegales, enumeró que “se apoderaron de 2.015.400 pesos, una motocicleta, seis teléfonos celulares, tres camperas, cuatro mochilas, una cartera, tarjetas bancarias y documentación, entre otros elementos”.
En tanto, destacó que “en la tentativa de robo, un hombre al que pretendieron quitarle sus pertenencias recibió el impacto de un disparo de arma de fuego”.
Delitos
Las tres mujeres reconocieron su responsabilidad penal como miembros de una asociación ilícita. Además, Agostina Martínez fue condenada como coautora de robo calificado (por haber sido en poblado, en banda y con armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); mientras que su madre y su hermana, actuaron como partícipes necesarias del mismo delito.
A su vez, Miranda admitió la coautoría de estafa y la participación necesaria en robo calificado (por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada), así como en una tentativa de robo calificado (por el empleo de armas de fuego y por haberle causado lesiones graves a la víctima).
La Defensa de cada una de las condenadas aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.