El Gobierno nacional posterga hasta abril la entrada en vigencia de los aumentos en las tarifas del gas natural para evitar un mayor impacto inflacionario con las boletas de marzo. Inicialmente los incrementos iban a ser fijados en febrero a pagar a partir del primero de marzo pasado, luego se pasó al 15 de marzo y ahora comenzarían a regir desde abril, a pagar en mayo.
Según pudo saber Energy Report, la decisión se tomó en despachos no energéticos del Ministerio de Economía y se vincula al fuerte temor de los funcionarios que rodean a Luis Caupto por la escalada inflacionaria de marzo, que comenzó con alimentos y podría desparramarse a otros sectores, particularmente los que ya no tienen subsidios como la energía y el transporte público.
Hasta el presidente Javier Milei admitió en las últimas horas que marzo es uno de los peores meses para la inflación anual por su "peligrosa" estacionalidad. La inflación de febrero fue de 13,2% y acumula 276,2% durante el último año, pero para marzo el Gobierno no quiere que supere el 8%.
Por eso, para pasar el invierno y llegar a los 180 MMm3/d promedio que se necesitan en julio y agosto, Enarsa importará al menos 10 cargamentos de GNL que llegarán en barco a las terminales regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca el mes que viene, a un precio de entre u$s7 u u$s8 por millón de BTU, muy por debajo de los u$s50 del 2022. Un aliciente. Pero además, se iniciaron gestiones para intercambiar petróleo por el poco gas que le queda a Bolivia porque sino faltará gas en las provincias del Norte del país. Las negociaciones avanzan porque Argentina comenzó a cancelar las deudas pendientes por un total de u$s230 millones.
¿A quiénes le quitarán los subsidios?
Lo cierto es que todos los usuarios (redes o garrafas) les llegará desde abril la nueva suba de tarifa de gas, que incluirá la "redeterminación" de la estructura de subsidios vigentes, incluyendo a aquellos que ni siquiera poseen conexión a redes de gas natural y se benefician con el Programa Hogar.
La actualización tarifaria se dará en conjunto la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE), con el objetivo de otorgar subsidios exclusivamente a los sectores poblacionales más vulnerables (nada de empresas, industrias, comercios y pymes), estableciendo límites en los volúmenes subsidiados, según la zona geográfica de residencia y la conformación del hogar: de 1 a 2 personas, de 3 a 4 personas, o más de 5 personas. La audiencia pública para tratar el incremento tarifario se realizó el 4 de enero y la del recorte de subsidios el 29 de febrero pasado.