Mientras UNICEF advierte que casi nueve millones de niños y niñas de la Argentina son pobres, Javier Milei desactivó programas nacionales de asistencia y acompañamiento que se desplegaban en todo el territorio. Se trata de diversas políticas públicas que se instrumentaban desde la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; ahora denominada Subsecretaría de Políticas Familiares.
Becas, construcción de centros de primera infancia, prevención del embarazo adolescente, capacitaciones contra la violencia infantil y asistencia económica directa son algunas de las prestaciones en riesgo a partir del despido de cientos de trabajadores, lo que implicó el desguace y paralización de áreas específicas que trabajaban para las infancias.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes puso el alerta en el marco de un informe presentado en la Cámara de Diputados en la interrupción de varios de los programas que buscaban garantizar derechos de este segmento de la población. Entre ellos, por ejemplo, la falta de pago del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), que consta de un aporte mensual para adolescentes que dejan los hogares de tránsito y comienzan su vida adulta. La mayoría de ellos tienen que comenzar a pagar un alquiler y afrontar sus propios gastos de manutención. En total son 2.489 adolescentes que cobran un subsidio mensual para este fin y aún no recibieron el pago correspondiente al mes de febrero.
Otro de los programas desarticulados es el Programa Nacional de Primera Infancia. Son más de dos mil Centros de Desarrollo Infantil de provincias, municipios y ONGs planificados para sectores populares.
En los cuatro meses del gobierno de Javier Milei se dejaron de pagar las becas a todos estos Centros. Además, están paradas las más de 500 obras de refacción de los CDIs, que se estaban haciendo con un crédito BID, y tampoco se están construyendo nuevos.